De “intensa y fructífera” se puede considerar la reunión mantenida entre el delegado territorial de Vivienda, Manuel Cárdenas, y el equipo de Gobierno arcense de cara a dar solución a una serie de cuestiones demandadas tanto por parte de los vecinos como del Ayuntamiento. Así lo entendieron el propio alcalde, José Luis Núñez, y el delegado de Urbanismo, Manuel Erdozain, en alusión, en primer lugar, a la solución para el arreglo de zonas comunes que requiere la barriada Juan Carlos I, propiedad de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).
La Consejería de Vivienda ha accedido finalmente a la firma de un acuerdo por el que aportará el cincuenta por ciento de la actuación, 60.000 euros, mientras que los restantes 60.000 euros serán aportados por el Ayuntamiento pese a no ser de su competencia. Se intervendrá en escaleras, rellanos, reparación de humedades y otras tareas de cara al mantenimiento de la barriada, pero también con el compromiso de que, a partir de ahora, serán los vecinos los que tendrán que colaborar en la conservación de esas zonas comunes al objeto de evitar inversiones de la administración autonómica. En otros términos, el planteamiento que expuso hace unos meses el ejecutivo ha llegado a buen puerto, teniendo en cuenta que el acuerdo implica la ejecución inminente de los trabajos, los cuales afectarán a un total de 240 inmuebles de titularidad pública.
Para estas obras, el Ayuntamiento aportará el personal, posiblemente desempleados de la localidad a través de otro Plan de Empleo de Inserción Laboral de Arcos (PILA).
Rebaja del alquiler social
Un segundo asunto felizmente en vías de solución es la rebaja del alquiler en viviendas sociales de la Junta, lo cual está supeditado a la situación personal de cada familia, teniendo en cuenta que muchas han perdido poder adquisitivo durante los últimos años como consecuencia de la crisis. La idea es rebajar el alquiler hasta en un 50 por ciento, pero dentro de las posibilidades de cada familia afectada.
Otro acuerdo alcanzado fue la cesión de un solar de más de 1.300 metros cuadrados de superficie en Caños Verdes. La propiedad de la Junta pasará temporalmente al Ayuntamiento, que convertirá ese espacio en un aparcamiento de unas 50 plazas para aliviar la falta de este servicio en el casco antiguo. La cesión de este suelo se justifica, según admitió Cárdenas, con la imposibilidad financiera por ahora de la Junta de acometer en este solar una promoción de vivienda pública, que era su proyecto original.
Sobre el polémico cobro del Impuesto de Bienes e Inmuebles en el parque de vivienda pública, Cárdenas dejó en manos del Ayuntamiento la aprobación de una serie de bonificaciones que, igualmente, se aplicarán en función de la situación económica de las familias.
Además, Cárdenas confirmó la inversión de 43.500 euros para pequeñas reparaciones en el parque público, entre ellas el problema existente con el bombeo de aguas residuales en la barriada San José. Así, el delegado situó la inversión de su Consejería en 103.000 euros, incluyendo los 60.000 que aportará para la puesta al día de la barriada Juan Carlos I.
Rehabilitación de vivienda
Como tercera inversión, se refirió a los 115.000 euros destinados a la rehabilitación de diez viviendas, con lo cual la Junta habrá rehabilitado este año veinte inmuebles de los proyectos pendientes del año 2009. Sin embargo, Cárdenas admitió una vez más que el Plan de Accesibilidad al Conjunto Histórico, cifrado en casi 13 millones de euros, no se ejecutará por ahora por una clara falta de recursos económicos. En este sentido, reconoció que la Junta debe actuar en base a las prioridades, no por ello desistiendo de un proyecto que ciertamente ilusionó a los arcenses por su aspecto innovador y tecnológico de cara a la accesibilidad al casco antiguo. Sin embargo, sobre este proyecto se ha conseguido solucionar el problema por el que los vecinos de la calle Murete no podían vender sus viviendas hasta tanto no se construyera el acceso.
Valoraciones
Durante el encuentro celebrado en la Alcaldía, todas las partes destacaron el grado de entendimiento alcanzado, así como de lealtad institucional con el ánimo de resolver los problemas de los ciudadanos, aunque, no obstante, el delegado territorial se tomó la reunión como la continuación de otras que han tenido como telón de fondo los planes de rehabilitación de viviendas.
Manuel Cárdenas puso el énfasis en el carácter social de la política de su Consejería, pues con las medidas aprobadas, en el caso de la rebaja del alquiler o de las bonificaciones en el IBI, la Junta dejará de ingresar cientos de millones en el contexto andaluz, algo que asume en beneficio de los vecinos.
El pago de la obra de La Verbena está en Hacienda
El encuentro celebrado sirvió además para que el delegado territorial de Vivienda se ratificara en su compromiso de abonar su parte en el convenio tripartito para las obras de consolidación del parque de La Verbena. Cárdenas reconoció la demora para ingresar los 550.000 euros pendientes, pero señaló que desde hace meses la mitad del dinero, 275.000 euros, se encuentran retenida en Hacienda a la espera que dé luz verde. Con esa cantidad, según explicó el alcalde, se terminaría la ejecución de consolidación de los terrenos.
De otro lado, durante su encuentro con la prensa, tanto el delegado como la gerente de la EPSA señalaron que en la ciudad no existen viviendas vacías propiedad de la EPSA como en algún momento se ha dicho desde el equipo de Gobierno, para asegurar que se ha podido dar esa sensación por causas de fallecimiento, cambio de vivienda y otras circunstancias. No obstante, el seguimiento de este asunto se supedita a la emisión de los informes periódicos del Ayuntamiento a la Consejería de Vivienda. Por último, aunque el visto bueno corresponde por ahora a la Consejería de Medio Ambiente, Manuel Cárdenas consideró importante que Arcos desarrolle un proyecto de cable esquí en el lago para fomentar el turismo de interior en la ciudad y en la Sierra de Cádiz.
Acuerdos que parten de la realidad económica de la Junta de Andalucía
Durante su exposición ante los medios, el delegado territorial de Vivienda en Cádiz, Manuel Cárdenas, explicó que los nuevos compromisos adoptados en torno a la vivienda pública obedecen a las prioridades de la Junta en estos momentos, de ahí que reconociera que no es ocasión de grandes inversiones porque, sencillamente, la situación financiera no lo permite. Con ello también explicó que los acuerdos tomados son factibles desde el punto de vista económico y que por ello serán una realidad en breve. En otros términos, Cárdenas manifestó que su principal compromiso ahora es “servir al ciudadano y resolver sus problemas en un momento de crisis”. En el caso de la rebaja del alquiler social, esta medida se enmarca en el denominado Plan de Acción de Adaptación de las Rentas de Alquiler, el cual estudiará en toda Andalucía de forma pormenorizada la situación de cada familia. Si la crisis ha provocado una grave mella en la economía familiar, también es cierto que hay inquilinos cuya situación económica no ha cambiado y que por tanto pueden asumir el alquiler tradicional.
