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La iluminación de la Feria vuelve a enfrentar al PP y al PSOE, que pide una comisión de investigación

Porras afirma que estas críticas responden a un "montaje" y pide que cese "el acoso y esa política sucia de los socialistas"

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  • María Gámez

Nueva polémica entre el equipo de gobierno del PP y el PSOE en el Ayuntamiento de Málaga por el gasto y las supuestas irregularidades en la iluminación de la Feria de Agosto. En esta ocasión, durante el pleno ordinario de abril celebrado este lunes y a raíz de una moción urgente presentada por los socialistas exigiendo la creación de una comisión de investigación para abordar el cumplimiento de los contratos desde 1999, cuya legalidad "nos cuestionamos". Esta petición, sin embargo, ha sido rechazada con su mayoría por los 'populares'.

   En concreto, los socialistas, que sí han contado con el apoyo de IU, han demandado que esa comisión investigara cuestiones como el montaje y desmontaje de postes y trenzados, las certificaciones aportadas por la adjudicataria, el coste y las fórmulas para el diseño, el alquiler, la instalación y mantenimiento de las portadas o las "deficiencias" detectadas en el pliego de condiciones técnicas y sus posibles efectos, tales como la falta de concurrencia de empresas interesadas.

   "Nos preguntamos si estamos pagando servicios que no han tenido su contraprestación", ha afirmado la portavoz municipal del PSOE, María Gámez, quien ha advertido de que se trata de "un asunto de gravedad, con una gran cuantía económica".

   Ha insistido en sus críticas al pliego de adjudicación de la iluminación del recinto ferial, que "parece hecho a medida" de la adjudicataria, Iluminaciones Ximénez, ya que no se detalla el número de puntos de luz ni otras características que serían imprescindibles para la concurrencia de otras empresas.

   La edil del PSOE ha apuntado, además, la exigencia de una calificación para poder acceder a instalar ornamentación fija, una condición que, según la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, cumplen un total de 888 empresas.

   Asimismo, según la portavoz socialista, grupo que ya pidió la paralización del procedimiento de contratación relativo a las obras de decoración y electrificación de las fiestas de agosto, el servicio resulta más caro que en otras ciudades, "siete u ocho veces más que en Almería, por ejemplo".

   Ha hecho hincapié, de igual modo, en que pese a contemplar cada año el montaje y mantenimiento de los postes y el trenzado, "tenemos sospechas fundadas de que esos postes han seguido instalados en el recinto ferial de Cortijo de Torres un año tras otro". A su juicio, este hecho puede tener como explicación que "exista la conciencia de que esa empresa va a volver a ser la adjudicataria".

   En este punto, Gámez ha rechazado el argumento de que esos postes "hayan podido ser regalados al Ayuntamiento", preguntándose, en ese caso, "por qué se cede gratis algo que cuesta 140.000 euros al año", a no ser que la explicación sea dar "un trato favorable" a la empresa.

   La concejala de IU Ana García Sempere ha alertado también de que "se ponen en entredicho la transparencia y la igualdad de oportunidades" y ha lamentado "el alto coste" que supone para la ciudad este servicio. "Se puede apostar por otro modelo que sea más sostenible económica y ambientalmente", ha aseverado, y sobre todo "más transparente y democrático en su gestión".

PARTIDO POPULAR

   En su defensa, la concejala de Servicios Operativos ha afirmado que todas estas denuncias responden a "una operación política, un montaje", una práctica, según ella, ya utilizada en otras ocasiones por el PSOE. Ha negado los datos aportados por la oposición, ya que "no son verdaderos".

   Porras ha reclamado en el pleno municipal que se tomen los medios oportunos para que "cese esta política sucia del PSOE", así como "el acoso a los funcionarios municipales y a mí, un acoso que no tiene fundamento". "Por más explicaciones que les damos, no quieren enterarse", ha criticado, sugiriendo a Gámez que se ponga "un punto en la boca".

   Al respecto, la portavoz socialista ha incidido en que su grupo "cumple su obligación de fiscalizar y denunciar lo que no se realiza correctamente", al tiempo que ha resaltado que "no todo lo que rechazan los tribunales significa que sea ético".

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