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España

Detenidos detectives y funcionarios en una nueva fase del caso Pitiusa

En esta macrooperación, realizada a principios de mayo de 2012, ya habían sido detenidas 88 personas de 11 comunidades autónomas, y se practicaron un total de 46 registros

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La Policía Nacional ha iniciado la tercera fase de la operación contra una red dedicada a la compraventa de datos personales y empresariales en la que hay implicados detectives, funcionarios y empresarios de diversos puntos de España, y se esperan una veintena de detenciones, según informan a Europa Press fuentes cercanas al caso.

   En esta operación, que coordina el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona, entre los detenidos de esta segunda fase hay detectives, funcionarios públicos que les vendían información y empresarios que presuntamente cometieron prácticas fraudulentas para investigar a subordinados, según avanza este miércoles El Periódico en su edición digital.

   La gran mayoría de detenidos han sido citados en la comisaría de La Verneda de Barcelona, donde se les tomará declaración y se les notificará el arresto formalmente.

   En esta macrooperación, realizada a principios de mayo de 2012, ya habían sido detenidas 88 personas de 11 comunidades autónomas, y se practicaron un total de 46 registros.

VÍNCULO CON EL CASO NÓOS

   Durante el examen de la información incautada a esta red se descubrió que el hacker Matías Bevilacqua, experto en espionaje que había trabajado para el CNI, había sido contratado por el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, para analizar y ordenar los correos electrónicos del Instituto Nóos de cara a la declaración ante el juez del caso.

   Los arrestados, a los que según los casos se les atribuye intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales, son mayoritariamente detectives privados, aunque también hay empleados públicos y  empresarios, asalariados y particulares.

   La operación Pitiusa arrancó en marzo de 2011 en torno a las actividades de un exdetective privado de Barcelona, actualmente policía local, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público.

   Formaba parte de una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio nacional.

   Los datos con los que se comerciaba abarcan desde matrículas hasta historiales médicos completos o expedientes de la Agencia Tributaria y con ellos sus compradores podrían alcanzar una situación prevalente frente a otras empresas de la competencia.

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