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Sevilla

Imputan por el expolio a Detea a cuatro chatarreros

Un cuñado de un policía negoció la retirada y venta del material

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  • Estado en el que se encontró Detea el edificio -

El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha imputado por presuntos delitos de robo con fuerza y daños a cuatro trabajadores de una chatarrería, por su presunta relación con el expolio de las instalaciones de la isla de la Cartuja que, hasta mediados de 2012, albergaban dependencias de la Policía Local y que el Ayuntamiento hispalense vendió a la firma Detea.

La empresa denunció ante la Policía Nacional el “desmantelamiento” sufrido entre el 25 mayo, cuando visitó el edificio, y el 19 de junio, cuando lo inspeccionó. Fruto de esta denuncia, el juzgado ha incoado unas diligencias en las que figuran como imputados cuatro trabajadores de una chatarrería que fueron detenidos y que han prestado declaración, según el atestado policial al que ha tenido acceso Europa Press.

En el atestado figura  el testimonio de un testigo que dijo ser “cuñado” de un agente de la Policía Local y que éste le “comentó” que, por la evacuación de las dependencias municipales, “querían desprenderse” de unas taquillas, operación para la que tenía “autorización”.
El cuñado contactó con la chatarrería involucrada y acordó la “retirada” de las taquillas con el encargado del negocio. Después medió una “factura” y el declarante compartió el dinero recibido con su cuñado, el agente policial. Finalmente, entre el 10 y el 13 junio fueron “recogidas” las mencionadas taquillas.

En su declaración policial, el agente aludido ha reconocido que entre el 9 y el 12 de junio de 2012 estuvo “coordinando las tareas de evacuación de unas taquillas que había” en el edificio, que reconoce como propiedad del Ayuntamiento”, pero que un intendente de la Policía Local le dijo que “podía disponer de ellas” al ser ya “inservibles”, admitiendo que recibió parte del dinero de la operación.

En los días de retirada observó cómo “personal del Ayuntamiento realizaba labores como desmontar puertas, pasamanos, aires acondicionados y otros efectos”, sin que hubiera vigilancia policial desde el 10 de junio.

El intendente reconoce en su declaración policial que, “previa petición” del agente, le “autorizó a disponer de esas taquillas “a título privado y con sus medios”, desconociendo el resto del asunto. El intendente reconocía que “en las labores de desalojo del edificio intervinieron también el servicio de Edificios Municipales del Ayuntamiento, que desmontó y trasladó objetos tales como luminarias, cableado, bases de enchufe, accesorios de cuartos de baño, aparatos de aire acondicionado”, etcétera.

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