La Inspección Provincial de Servicios Sanitarios de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta en Almería, en colaboración con la Guardia Civil, ha destapado un presunto caso de fraude en una residencia de mayores de Vícar, en donde se usó la tarjeta sanitaria de 24 personas fallecidas entre enero de 2010 y junio de 2012 en centro para obtener medicamentos extra.
Según explica en una nota el Gobierno andaluz, a través del programa de control de dispensación de medicamentos a personas fallecidas en residencias de personas mayores, incluido en Programa de Inspección Farmacéutica del Plan Anual de Inspección de Servicios Sanitarios de 2012, se detectó un posible delito por fraude al sistema sanitario público, así como por usurpación del estado civil.
Los inspectores farmacéuticos realizaron una actuación en la residencia a raíz de la cual se constató que se habían dispensado medicamentos por valor de 4.367,82 euros a una veintena de pacientes ya fallecidos. Este hecho fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil, para la ejecución de la correspondiente investigación de una presunta infracción penal, lo que dio lugar a la operación 'Profano', por la que se han investigado los hechos.
Según informa la Comandancia, los imputados, responsables de la residencia de personas mayores, adquirían en farmacias, con cargo al sistema público de salud, las medicinas para administrarlas a sus residentes. Estos fármacos, habían sido previamente recetarlos por los respectivos médicos de los pacientes, correspondientes al tratamiento que debían seguir los enfermos y que debían renovar cada 20 días.
Así, aprovechando el fallecimiento de alguno de los ancianos residentes, los imputados continuaban retirando los fármacos durante el periodo de validez del tratamiento. Igualmente, se detectó la existencia de medicamentos "caducados" así como una "deficiente conservación de fármacos" que requieren condiciones especiales de temperatura y que deben permanecer refrigerados en todo momento.
También se descubrió que el centro no disponía de un depósito adecuado de medicamentos, para la preservación de las medicinas y los productos farmacéuticos, a pesar de estar obligado a ello en virtud de la normativa legal vigente.
EXPEDIENTE SANCIONADOR
Ante los indicios que se desprenden de la investigación, la Dirección de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios ha propuesto la apertura de un expediente sancionador por falta de control y precaución en la conservación y custodia de medicamentos.
Por su parte, la Guarida Civil ha imputado por estafa a los dos responsables de la residencia, concretamente al director y a la gerente del centro, al ser identificados como los supuestos responsables del uso fraudulento de las recetas electrónicas de personas fallecidas en dichas instalaciones.
En su investigación, los agentes verifican que con posterioridad a su fallecimiento, se continuaba haciendo uso de la tarjeta sanitaria de ancianos residentes, recibiendo así la residencia, de forma gratuita los medicamentos y productos sanitarios, recetados al paciente, generando de forma consciente un "sobrecoste" al sistema público de salud.
En sus indagaciones, los agentes han detectado el uso de las recetas electrónicas de 24 personas, fallecidas entre enero de 2010 y junio de 2012. La única finalidad por parte de los responsables de la residencia de ancianos era la de hacer acopio de las medicinas y productos sanitarios para facilitarlos a otros residentes. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería.
