El Grupo Socialista llevará el próximo Pleno de la Diputación una propuesta de “denuncia de las constantes injerencias que, desde el Gobierno de la Nación, se vienen realizando contra la autonomía” de los Ayuntamientos. Al tiempo, esta proposición plantea la necesidad de un giro radical en el proceso de diseño del nuevo marco jurídico para estas corporaciones, de manera que “la reforma de la Administración Local se desarrolle desde el diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y todas las fuerzas políticas”.
La propuesta socialista parte del convencimiento de “la necesidad de que los ayuntamientos de nuestro país cuenten con una nueva reglamentación en profundidad que aborde la realidad municipal y determine claramente el marco competencial de la Administración Local”, que actualmente tiene su origen en el texto base de régimen local fechado en 1985. De esta manera, la exposición de motivos de la proposición señala que “los socialistas consideramos de vital importancia el dotar a los ayuntamientos de una nueva regulación, una regulación al gobierno y a la administración local adaptada a los tiempos en los que nos encontramos inmersos”.
Es precisamente en este contexto temporal en el que, “tras las elecciones generales del pasado año, el Partido Popular anunció su propósito de afrontar la reforma del marco regulador de las entidades locales; propósito ante el que los socialistas tendimos nuestra clara voluntad de llegar a acuerdo desde el diálogo y el consenso, dada la importancia que para nuestro partido tiene el municipalismo”. Más concretamente, el Gobierno del PP “incluyó en el Plan Nacional de Reformas medidas encaminadas a las reformas de la Administración Local en lo referido a la eliminación de duplicidades y la delimitación de las competencias, con el fin de garantizar la sostenibilidad de su financiación, confirmando que las competencias se estratificarían por tramos de población”.
Sin embargo, estos anuncios realizados “con rotundidad por parte del Gobierno” se han efectuado “sin garantizar el debate de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y sin buscar el consenso con el principal partido de la oposición, despreciando la clara voluntad de acuerdo que le trasladamos los socialistas”. Esta actitud representa, de hecho, una confirmación del “escaso interés del Partido Popular de afrontar con profundidad y seriedad la reforma que merecen y necesitan el gobierno y la administración local; un escaso interés que también es notorio al no existir un profundo debate en el seno del ámbito municipal para conocer y determinar la posición de las corporaciones locales”.
Anuncios más recientes como la supresión de las mancomunidades de municipios, realizado a cargo del secretario de Estado Antonio Beteta “sin acuerdo con las fuerzas políticas ni con las corporaciones locales”, supondrán “una reestructuración competencial de ámbito local hacia las Diputaciones provinciales con el argumento de la estabilidad presupuestaria”.
La propuesta socialista recoge que “esta batería de reformas –como algunas otras apuntadas el pasado miércoles por el propio presidente del Gobierno antes de su aprobación en Consejo de Ministros- persigue de forma clara negar la autonomía política de los municipios españoles, determinando que el modo de ejercer competencias y prestar servicios locales será decidido directamente por el Gobierno popular”. Se trata en suma de “decisiones tuteladas mediante una norma reglamentaria llevando como consecuencia el traspaso forzoso de dichas competencias a las Diputaciones provinciales, que podrán prestarlas a través del uso de fórmulas de gestión indirectas como la privatización de servicios públicos”.
En ese contexto es en el que alcanza pleno sentido esta propuesta, que pretende tanto rechazar las constantes injerencias del Gobierno de la Nación en la autonomía de la Administración Local como instar a que las actuaciones para su reforma se articulen a través del diálogo con la FEMP y con la totalidad de los partidos políticos.
