La Audiencia de Sevilla decretó el pasado jueves la libertad bajo fianza de 450.000 euros de Antonio Fernández, exconsejero andaluz de Empleo encarcelado por los ERE fraudulentos, ya que no tiene riesgo de fuga ni de ocultar pruebas aunque pudo intervenir en una “perversa” utilización de las ayudas públicas. La Sección Séptima de la Audiencia impone a Fernández el pago de ese dinero en metálico, le prohíbe salir de España y le obliga a comparecer en el Juzgado todos los martes.
Sin embargo, la cuantiosa fianza impuesta a Fernández ha ralentizado la consumación de su máxima aspiración: recuperar la libertad. Su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, reconocía este viernes que los 450.000 euros de fianza fijados por la Audiencia de Sevilla son una cantidad “excesiva y desmesurada” para las posibilidades económicas de su cliente y de su inmediato círculo de familiares y amigos. Por ello, se abre “un panorama de incertidumbre absoluta” respecto a las posibilidades de reunir esa cantidad, que debe ser en dinero en efectivo y no mediante avales.
Pese a las numerosas gestiones a lo largo de estos primeros días desde la publicación del auto, la familia no ha podido reunir el dinero, teme no poder hacerlo durante este fin de semana y Del Hoyo ignora si lo conseguirán este lunes, aunque todo apunta a que será así.
Pese a ello, algunos periodistas han hecho guardia a diario a las puertas de la cárcel de Morón de la Frontera, donde Fernández ingresó el 24 de abril pasado por su intervención en los ERE falsos cuando fue consejero de Empleo (2004-2010).
En la misma situación se encuentra Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, a quien la juez Mercedes Alaya dio, de oficio, la posibilidad de salir libre si deposita 250.000 euros, también en efectivo. Su abogado, Fernando de Pablo, ha dicho que la familia va a emprender una campaña de envío de mensajes SMS a todos sus amigos, a los que ofrecerán una cuenta bancaria para hacer sus aportaciones. Según De Pablo, la cantidad de 250.000 euros es acorde con lo fijado para Fernández dada la diferente capacidad económica de cada uno aunque elevada para la situación personal de su cliente, por lo que duda que la familia pueda reunir esa cantidad al menos en quince o veinte días.
no esperaba esa cantidad
Antonio Fernández ha reconocido a través de un comunicado que no esperaba una cantidad tan alta, aunque confía en que con ayuda de sus amigos pueda reunir los 450.000 euros y quedar libre, si puede ser, este mismo lunes.
En el citado comunicado, su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, dice que no puede albergar “satisfacción ni alborozo de ninguna clase” por la resolución de la Audiencia de Sevilla que le ha dejado libre bajo fianza, pues Fernández “nunca debió ingresar en prisión” y la medida de la juez Mercedes Alaya fue “innecesaria, desproporcionada y no se sujetó al canon constitucional”.
Durante ochenta días, afirma, “ha estado privado del sagrado derecho a la libertad personal”, con lo que se ha lesionado su derecho a la presunción de inocencia e incluso su derecho al honor al haber sido fotografiado camino de la cárcel. Cuando los ciudadanos lo vieron camino de la cárcel el pasado 24 de abril en un furgón policial, “difícilmente se presume otra cosa que la culpabilidad”, según Martínez del Hoyo.
Por ello, cree que aquella fecha “fue un día triste para el Estado de Derecho” y con decisiones como esa “fue lanzado a la opinión pública el mensaje, profundamente perturbador, de que un ciudadano puede ser enviado a prisión antes de ser juzgado y declarado culpable” y aunque no se dieran las condiciones que exige la doctrina constitucional para la prisión preventiva.
Afirma Martínez del Hoyo que los casi tres meses de prisión han supuesto para Fernández graves consecuencias como la pérdida de su trabajo como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, pese a lo cual la Audiencia de Sevilla no ha tenido en cuenta a su juicio ese dato para fijar la fianza acorde con sus ingresos.
Los 450.000 euros “superan ampliamente” la capacidad económica de Fernández , según su defensa, pese a lo cual en este momento su entorno familiar y de amigos está recabando los apoyos necesarios y confía en que este mismo lunes puedan obtener su puesta en libertad.
la decisión judicial
El auto de la Audiencia comienza constatando que “existen indicios racionales y contrastados de la perversa utilización delictiva de las herramientas” del convenio de 2001 que permitió empezar a conceder las ayudas que investiga la juez Mercedes Alaya, así como de la “participación del imputado en ese uso desviado”.
Pero “con independencia de la legalidad o no del procedimiento creado ad hoc por la Consejería, lo que parece en este momento incontestable son las múltiples irregularidades y anomalías que se produjeron” y que todavía son objeto de investigación, añaden los jueces. Además, afirma que no se puede olvidar el informe de la Intervención que en 2005 “puso de relieve determinados aspectos que nunca pudieron ser pasados por alto por quien, en razón de su formación académica, y experiencia política, conocía el alcance de lo que se le estaba exponiendo y que no eran meras discrepancias en el tratamiento de partidas presupuestarias”, asegura el auto.
Se trataba de deficiencias “clamorosas” y “sin perjuicio de lo que pueda deparar la instrucción, resulta en estos momentos difícil de aceptar la falta de conocimiento por parte del imputado de lo que sucedía en su Consejería", de la que fue titular entre 2004 y 2010.
El auto, a la vez, rechaza una de las imputaciones realizadas por la juez Alaya, relativa a la inclusión del propio Fernández como prejubilado en la bodega jerezana González Byass pese a que no había renovado su excedencia para ocupar cargos públicos, y sostiene, por el contrario, que su falta de adhesión al convenio para el ERE impedía calificarlo como beneficiario.
La Audiencia afirma que los trece meses transcurridos desde que Fernández conoció su imputación en la causa son “tiempo suficiente” para que hubiese intentado fugarse y más aún durante los cuatro días que duró su declaración como imputado en mayo pasado.
A la vez, los jueces constatan que la instrucción de la causa de los ERE “será larga”, por lo que consideran “aconsejable” modificar su situación personal con “severas cautelas”, entre ellas la fianza de 450.000 euros en metálico, para la que tienen en cuenta la “extraordinaria cuantía” de la responsabilidad civil que Alaya imputa a Fernández, que asciende a 807 millones de euros.
