La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en Sevilla estudia la posibilidad de interponer una denuncia contra el Ayuntamiento hispalense por "coacciones" a las 36 familias en situación de emergencia social, autodenominada Corrala Utopía, que han ocupado un edificio vacío en las inmediaciones de San Lázaro, que permanecen sin agua y sin luz desde este martes.
Así lo ha anunciado la asociación en un comunicado, en el que identifica los cortes de suministro realizados por la empresa metropolitana de aguas de Sevilla (Emasesa) como "presiones", que se realizan "de manera sincronizada y acompañados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". "Parece un intento claro de amedrentar a los vecinos para que retornen a la calle", ha indicado la Apdha.
En este sentido, la asociación ha afirmado que la situación de estas personas es "de extrema necesidad", por lo que "si es necesario cambiar el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía o cualquier otra ley para atender a las necesidades de la ciudadanía, debe hacerse". "El uso de una vivienda es un derecho humano fundamental por cuyo cumplimiento deben velar las administraciones", defienden.
No obstante, desde la asociación señalan que esta forma de proceder "no es nueva" en el Consistorio regido por Juan Ignacio Zoido (PP), pues "ya lo hicieron y lo hacen con los levantamientos sistemáticos de asentamientos de personas carentes de viviendas y de recursos que les permitan llevar una vida digna", a las que "no ofrecen ayuda social ni alternativas que les permita paliar su situación".
Por todo ello, la Apdha ha exigido "respuestas sociales para la situación de emergencia que están viviendo estas familias con relación al suministro de electricidad y de abastecimiento de agua".
El Ayuntamiento dice que intentó "ofrecer recursos" y niega coacciones
Por su parte, la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores de Pablo-Blanco, ha explicado este jueves que personal del Servicio de Emergencias Sociales se personó este martes en el inmueble próximo a San Lázaro que permanece ocupado por 36 familias para conocer su "situación social" y ofrecer "los recursos disponibles en los servicios sociales de entre los más adecuados a sus circunstancias personales y familiares", si bien dichos vecinos les impidieron acceder al interior de la vivienda.
Así lo ha señalado De Pablo-Blanco en un comunicado, en el que ha querido defender la actuación del Ayuntamiento en relación a este asunto después de que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en Sevilla haya anunciado también este jueves que estudia la posibilidad de interponer una denuncia contra el Consistorio por "coacciones" a las 36 familias.
Frente a esa acusación, la edil hispalense ha detallado que lo que ocurrió este martes es que el equipo de dicho servicio municipal "se desplazó al punto en cuestión, recabó información visual y realizó entrevistas a algunos de los ocupantes del inmueble, estando presentes personas de apoyo de diferentes organizaciones y entidades", si bien éstas "se realizaron en el exterior del edificio por deseo expreso de los ocupantes del inmueble".
Además, el personal desplazado al efecto "tampoco pudo filiar a los afectados, por rechazo de los mismos, que refirieron que todos sus datos los tenía el Defensor del Pueblo y que no deseaban ofrecerlos en ese momento".
Igualmente, las diez familias con las que aproximadamente hablaron los representantes municipales, si bien les informaron de que les habían cortado los suministros de agua y luz, les explicaron las "alternativas que buscarán en caso de mantenerse esta situación", entre ellas, según la versión de la mencionada concejal, hacerse con unas placas solares que serían suministradas por una entidad y que les permitirían "abastecer a las personas dependientes y a la zona de cocina y mantenimiento de alimentos".
Del mismo modo, los vecinos detallaron que la empresa metropolitana de aguas de Sevilla (Emasesa) "les había facilitado 300 botellas de agua de bebida", así como relataron su intención de usar a modo de aseo los contenedores del edificio.
Tras comprobar "desde fuera" que las instalaciones presentaban "un buen mantenimiento", los servicios sociales del Ayuntamiento decidieron incluir "en adelante" estas visitas "en las rutas programadas que este servicio realiza por toda la ciudad".
Las familias tienen que solicitar la intervención social
Por otro lado, la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación ha señalado que la intervención social se realizará con las familias que acudan "de forma voluntaria" a los Servicios Sociales Municipales, a quienes se facilitará entonces "información general sobre los recursos disponibles en cuanto a valoración de la posible gestión de una ayuda para el acceso a una vivienda en régimen de alquiler, la información de acceso a recursos laborales, la concesión de Ayudas Económicas Familiares --previa baremación y disponibilidad presupuestaria--, inclusión de los menores en recursos de Ocio y Tiempo Libre, o, en su caso, escolarización o recursos de apoyo en fracaso escolar, y otros recursos de los que se disponga".
Asimismo, según ha informado De Pablo, "deberá detectar la situación de especial dificultad que puede estar sufriendo alguna familia que esté en situación de dependencia, facilitando la valoración y tramitación correspondiente de acceso a dicho recurso".
"Del conocimiento de sus circunstancias se desprenderán las acciones que se puedan llevar a cabo dentro del ámbito de nuestras competencias, que se centran en realizar a las familias que se encuentran en proceso de intervención y en situación de necesidad de vivienda el estudio-valoración de la situación y la aplicación de un informe baremo, pasando a formar parte de una lista de reserva, como posible beneficiario de una vivienda social cuya disponibilidad se comunique por las entidades públicas competentes", ha concluido la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación.
