Así lo ha señalado en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno provincial, José Torrente (PP), que ha asegurado que la Diputación pretende "defender" los intereses de todos los granadinos en este asunto, por el que la Fiscalía Superior abrió diligencias en noviembre del pasado año, remitiendo la investigación realizada por la Policía Judicial a la Fiscalía Provincial para que formule denuncia contra seis personas, entre ellas el exvicepresidente de la institución y actual secretario provincial del PCE, Julio Bernardo, y el que fuera director del área de Cultura, Juventud y Cooperación Local, Jorge López, por los posibles delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Asimismo, el departamento que dirige Jesús García Calderón pide a la fiscal jefe de Granada, Ana Tárrago, que extienda también la denuncia por su presunta responsabilidad penal contra siete empresarios, entre ellos la pareja del actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca.
Según consta en el decreto de la Fiscalía Superior, al que ha tenido acceso Europa Press, la investigación policial "arroja suficientes indicios para suponer" que, dentro del proyecto conocido como Mercamed (incluido en el Programa Poctefex, financiado en un 80 por ciento con fondos europeos) algunos responsables de la Diputación, en especial el que fuera su vicepresidente segundo, Julio Bernardo, favorecieron con sus actuaciones que las sociedades del empresario identificado como A.R.M. pudieran realizar trabajos para el organismo provincial en contra de la legislación vigente en materia de contratación pública, porque no estaba al corriente en el pago de sus obligaciones con la Administración Tributaria y la Seguridad Social.
El exvicepresidente, según la Policía, buscó el método "que amparase el cobro", haciendo constar la contratación formal con otras empresas "que se limitaban a solicitar la adjudicación, facturar y previamente subcontratar" con las sociedades de A.R.M., "dando una apariencia de legalidad a los expedientes administrativos que fueron incoados para autorizar los pagos" por los servicios desarrollados con ocasión de la feria Mercamed, que tuvo lugar en Tetuán los días 26,27 y 28 de mayo de 2011.
Entiende la Policía Judicial que en este caso existieron "dos tramas". Con la primera, según consta en el decreto fiscal, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que A.R.M. realizara el trabajo "cuando legalmente no podía hacerlo", y con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, "llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados".
"En resumen, tuvo lugar el cobro de diversas cantidades por parte de las anteriores que, en algún caso, devuelven o entregan el dinero al empresario A.R.M. y, en otro, comunican a la Diputación que han cobrado una cantidad determinada sin realizar servicio alguno", indica la Policía en su informe.
SUPUESTA IMPLICACIÓN DE LA MUJER DE CUENCA
Al margen de esto, la Policía Judicial también ha indagado en otro de los proyectos realizados en Marruecos, en concreto Magrec, en el que supuestamente está implicada la empresa 'Artefacto Gestión Cultural' cuya titular es la pareja del portavoz socialista en el Ayuntamiento. Según el informe policial, esta empresa se adjudicó un proyecto, por importe de unos 4.700 euros según la Diputación, para el diseño del proyecto museográfico para el Centro de la Memoria Yebala, en la ciudad de Chaouen. La adjudiciación tiene lugar con base en el presupuesto presentado por 'Artefacto', en competencia con otros dos de distintas empresas, de los cuales "uno es totalmente falso" y otro "de dudosa autenticidad".
Además, la empresa de la pareja de Cuenca también participó supuestamente en otro expediente, para la dirección y ejecución del proyecto museográfico del mismo centro, que no llegó a realizarse pero que sí contaba con toda la documentación preparada para el pago, solo pendiente de firma y con el nombre de la empresa "sin que tan siquiera se hubiera realizado el trabajo".
Por todo lo anterior, el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Granada ha pedido a IU que se pronuncie por la presunta implicación del que fuera diputado provincial y exvicepresidente por un asunto que ha considerado el mayor caso de "corrupción" que ha afectado a la institución en toda la etapa democrática, y por el que el interventor ya ha considerado como lo "más grave que haya visto jamás".
En lo que respecta a la posible imputación de la pareja del portavoz socialista en la capital, Torrente ha incidido en que la Policía Judicial ha sido la que ha detectado su acceso a concursos "de manera arreglada y manipulada" y ha considerado que eso solo es posible "si se es la mujer de Cuenca". En ese sentido, ha pedido al socialista que dé explicaciones sobre los dos expedientes a los que se refiere la Policía, uno por un importe de 4.700 euros y otro por 12.000 --que no llegó a cobrar, aunque todo estaba preparado para que lo hiciera--.
