En un escrito dirigido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, el actual presidente de Mercasevilla, el concejal Gregorio Serrano (PP), pide que la juez Mercedes Alaya investigue tales extremos para medir el importe de la deuda legítima por primas que debería haberse pagado y para proponer, en su caso, una solución a la aseguradora y a la Junta de Andalucía.
Tras la llegada del PP al Ayuntamiento de Sevilla, los actuales responsables del mercado central han elaborado un informe sobre los compromisos del ERE de 2007 y una de sus conclusiones es que su pago corresponde a la Junta de Andalucía y no a Mercasevilla, pese a la negativa del Gobierno andaluz.
Respecto a los casi dos millones de euros en “gastos externos”, el informe indica que “es evidente que ello refuerza el criterio de que deben investigarse la finalidad real y beneficiarios de dicha cantidad, porque no nos consta documento alguno que fije el devengo de esas cantidades ni sus perceptores”.
Mercasevilla dice a la juez que “es esencial” que tales gastos se investiguen en el proceso penal abierto “si no lo ha sido ya”, porque “no sería legítimo abonar esas cifras” y en todo caso deberían restarse a la hora de medir "el importe de la deuda legítima por primas”. Además, el mercado confirma que en el ERE de 2007 constaba como asegurado Juan Lanzas, exsindicalista de UGT e intermediario en varios de los ERE que investiga la juez, pese a que nunca trabajó en la empresa, aunque la aseguradora Generali “no recibió prima alguna para el mismo”.En las pólizas correspondientes se incluyó a Antonio Garrido Santoyo -miembro de la Ejecutiva del PSOE de Baeza, Jaén.
