La reactivación de la moratoria tampoco supone “en absoluto” un trato discriminatorio hacia los trabajadores rumanos ya que viene impuesta por la “intensa situación de crisis” que atraviesa España, subrayó el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, en declaraciones tras entrevistarse con su homólogo rumano, Sebastian Lazaroiu.
Los ministros se reunieron ayer para estudiar la forma de poner en práctica la decisión española de reactivar la moratoria sobre los trabajadores rumanos que el Gobierno español levantó en enero de 2009 para permitir la libre circulación de trabajadores, y para analizar sus posibles consecuencias.
Así, el ministro español planteó que la evolución de la economía española y el fuerte crecimiento de la comunidad rumana establecida en España –que ha pasado en cinco años de 200.000 a 860.000 personas–, ha hecho necesario intentar regular el volumen y la intensidad de la entrada de rumanos.
Según Gómez, el 30% de los trabajadores rumanos que están en España se encuentran en situación de paro y la llegada de más personas en busca de trabajo “sólo empeoraría la situación”.
Tanto Gómez como Lazaroiu subrayaron reiteradamente el hecho de que los rumanos que actualmente cobran subsidio de desempleo en España han colaborado durante años con su trabajo a la Seguridad Social.
Incluso en estos momentos de crisis, hay “casi 300.000 rumanos que cotizan mes a mes, día a día, y agradecemos y reconocemos esa función”, destazcó el ministro español, quien apuntó que los rumanos son el primer grupo de extranjeros por número de cotizantes a la Seguridad Social.
Gómez también calculó que la exigencia de permiso de trabajo para los trabajadores rumanos por cuenta ajena se mantendrá “unos años”, aunque aseguró que la decisión se revisará anualmente a la luz de la evolución del mercado de trabajo español y “a la espera de que el empleo tome nuevo impulso en España”.
Además, hizo hincapié en que para el permiso de trabajo a un rumano que tenga un contrato de trabajo en España se concederá “independientemente de la situación nacional de empleo”.
Por su parte, el ministro de Trabajo rumano destacó que la decisión española “no ha provocado alegría” en Rumanía y que la preocupación de su gobierno es que la puesta en marcha de la decisión se haga de manera controlada y “no deje margen a ningún abuso”. Lazaroiu destacó el interés con que su gobierno espera el análisis de la Comisión Europea sobre la decisión española.
