Los trabajadores del hotel Guadalpín Banús, el cinco estrellas de Marbella que permanece cerrado parcialmente desde julio por un litigio judicial, han anunciado nuevas movilizaciones para defender sus empleos y este martes se concentrarán ante la sede de Turismo Andaluz en Málaga para pedir a la Junta que actúe.
El objetivo de la concentración es la defensa de los puestos de trabajo de los 180 empleados de este emblemático complejo hotelero de la Costa del Sol, que se encuentran en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor mientras el hotel no recupere la normalidad.
El comité de empresa ha denunciado este lunes en un comunicado "la inacción" del Gobierno andaluz y ha expresado su "profundo malestar ante la falta de acción por parte de la Junta para solucionar la grave crisis que atraviesa el hotel, a pesar de "las promesas realizadas" en julio.
Desde entonces, asegura que "la situación ha empeorado considerablemente" y se han cerrado más de 60 habitaciones y las terrazas del establecimiento.
Aunque el complejo hotelero sigue recibiendo clientes, no dispone de servicios clave como el de restauración, por lo que ha resultado necesario adaptar la plantilla, sobre todo en cocina y sala, a las necesidades actuales.
"Nos sentimos engañados y abandonados, la Junta de Andalucía nos aseguró que tomarían medidas para evitar el cierre del hotel y la pérdida de puestos de trabajo, pero hasta la fecha no hemos visto ninguna acción concreta", ha lamentado el comité de empresa, que ha reclamado la aplicación de la Ley del Turismo.
A este respecto, los representantes sindicales han asegurado que el Ejecutivo autonómico "tiene las herramientas necesarias para intervenir y garantizar la continuidad del hotel", pero "no ha actuado" a pesar de las peticiones de los trabajadores.
Del lanzamiento a una querella por falsedad y estafa
Una decisión de la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, María Jesús del Pilar, llevó al lanzamiento en plena temporada alta y con el hotel a casi el 80 % de ocupación de medio centenar de habitaciones y de algunas zonas comunes como las cocinas, el aparcamiento o los baños.
Los trabajadores han tratado de reunirse sin éxito con la magistrada, según el comité de empresa. Por su parte, la gestora del establecimiento, Grisoma Hotelera, ha pedido a la Justicia la suspensión del auto de lanzamiento y la adopción de medidas cautelares mientras lo resuelve.
Esta petición, sobre la que el juzgado no se ha pronunciado, se realiza a tenor de una posible cuestión de prejudicialidad penal sustanciada sobre una querella criminal por presuntos delitos de falsedad documental y estafa procesal contra Carmelo Sicilia, que en su día sirvió de "soporte técnico" y pericial para llevar acabo la toma de posesión de las instalaciones del hotel, señala la nota.
