El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto a la espera de que las autoridades colombianas -que reclaman la entrega de Lapiedra por ser las menores de ese país- remitan la documentación necesaria para formalizar la petición de extradición, para lo que cuentan con 30 días de plazo, han informado fuentes jurídicas.
En el auto en el que Ruz ratifica la prisión, que acordó la pasada semana mediante un exhorto al Juzgado de Barcelona a cuya disposición fue puesto Lapiedra tras su detención, señala que existe un riesgo de sustracción a la Justicia, dada la gravedad de las penas que le imputan las autoridades colombianas que emitieron una orden internacional de detención contra él por estos hechos.
Colombia acusa a Lapiedra de un delito de pornografía infantil, en su modalidad agravada, que puede acarrearle en ese país penas de entre 8 y 12 años de cárcel, y que en España está sancionado, para los delitos más graves, con penas de entre 5 y 9 años de prisión.
En su comparecencia ante Ruz, Lapiedra ha negado su participación en los delitos que se le imputan, pero el juez considera que estas alegaciones "deberán ser objeto de oportuno debate y deliberación" cuando comience a tramitarse el procedimiento de extradición, momento en el que el acusado será conducido de nuevo ante él para preguntarle si desea o no ser entregado a Colombia.
De negarse a la entrega, el juez dará traslado de la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que en una vista examine si debe ser o no extraditado.
No obstante, la última palabra, independientemente de lo que la Audiencia Nacional decida, corresponde siempre al Consejo de Ministros.
Por el momento, Ruz entiende que concurren los requisitos para tramitar la extradición, fundamentalmente, porque los delitos que le imputan en Colombia tienen su equivalente en la legislación española, ya que "la sanción con pena grave de los hechos por los que se reclama la extradición" está contemplada "tanto en el país reclamante como en España".
La investigación que permitió la detención de Lapiedra partió de una denuncia del rector de un instituto de Medellín, a raíz de que varios alumnos alertaran de que una compañera, de 16 años, protagonizaba un vídeo pornográfico de especial sordidez.
En ese vídeo, que se encontraba a la venta en el sitio de Internet www.pablolapiedra.com, junto a otros similares protagonizados por jóvenes colombianas, la chica era vejada por dos hombres, que también la insultaban verbalmente junto a la persona que grababa la película.
Según la Policía, el estudio de los vídeos ha permitido determinar, sin lugar a dudas, que el cámara era Pablo Lapiedra, conocido productor español de cine pornográfico.
Las pesquisas comenzaron a finales de 2008, cuando la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), en colaboración con la Policía Nacional de Colombia e Interpol, detectó una red que se dedicaba a prostituir a adolescentes en el país americano.
Las jóvenes, de origen humilde, eran engañadas, ya que Lapiedra les decía que se trataba de un "cásting" y les daba documentación falsa para que pudieran pasar por mayores de edad.
Los expertos de la BIT analizaron los vídeos de las menores y observaron que, si bien los varones que mantienen relaciones sexuales con las chicas hablan con acento colombiano, el cámara es un nativo de España.
Tras detener a los actores porno que participaron en la cinta y cerrar las páginas de Internet, Interpol dictó sendas órdenes internacionales de detención con código rojo contra Lapiedra y su mujer.
Lapiedra fue finalmente detenido cuando salió del domicilio de su nueva novia en Barcelona, en el que se encontraba escondido, sabedor de que era seguido por la Policía.
