Ana María Silva se ha enterado por los medios de comunicación. La vecina que logró reactivar la atención de las administraciones públicas por los residentes de la fase 8ª que esperan desde los años noventa una solución habitacional ante el grave deterioro de sus pisos conocía, no obstante, de forma oficiosa que la Junta de Andalucía publicaría la licitación de las obras de construcción de las 67 viviendas públicas que han reclamado reiteradamente.
Enrique Estévez, portavoz de los afectados, recibió una comunicación al respecto este viernes por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
“Estamos súper contentos”, admite, aliviada, Silva en conversación telefónica. “Parece que ya estamos en puertas” de salir de la situación, agrega, deseando que “le entren la bulla a los políticos” y “empiecen ya las obras”.
Los tiempos administrativos, no obstante, mandan. La actuación de esta promoción de viviendas se ha publicado con un presupuesto base de licitación de 7.134.447 euros y un plazo de ejecución estimado de 18 meses una vez se inicien los trabajos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en un plazo de 30 días naturales desde la fecha de su publicación. Con este montante, la tramitación no es corta. De acuerdo al cronograma de la Junta de Andalucía, la licitación estaría resuelta en verano, aunque se ha publicado con más de un mes de retraso, y el plazo de ejecución se extendería entre el mes de octubre de 2024 a marzo de 2026.
Una vez finalizados los trabajos, AVRA entregará de manera inmediata las nuevas viviendas para evitar la ocupación ilegal de las actuales pese a su estado ruinoso. La demolición de estos inmuebles se produciría después, para la fase 8, a partir de agosto de 2026.
Según el proyecto de obras, la promoción correspondiente a la 7ª fase de Cerro del Moro estará constituida por 11 viviendas de cuatro dormitorios, 44 viviendas de tres dormitorios y 12 viviendas de dos dormitorios, además de 49 plazas de garaje, 25 trasteros y un local.
El coste total para ejecutar las dos fases, la séptima y la octava, se estima en 10,9 millones, con fondos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), los fondos europeos Next Generation con cargo al Programa 6 del PlanEcovivienda y el Programa para la Erradicación de la Infravivienda. El Ayuntamiento de Cádiz, por su parte, se ha encargado de la agilización de los trámites urbanísticos previos a la licitación de las obras.
“Queremos irnos cuanto antes porque nos da miedo que pase algo en los pisos actuales”, agrega Silva, remarcando el estado ruinoso en el que se encuentran.
Y aún queda una cuestión que inquieta a los vecinos. Estévez apunta que, inicialmente, AVRA planteó que los afectados, propietarios de sus casas, abonarían una diferencia por las nuevas de acuerdo a la diferencia del valor por metros cuadrados, y las viviendas serían de protección oficial, de manera que no podrían venderse en diez años.
Sin embargo, la Administración autonómica se refiere a los pisos como viviendas públicas en régimen de alquiler, en la nota remitida a los medios de comunicación por parte de la Junta de Andalucía reitera esto.
Estévez quiere aclarar la cuestión y, por ello, ha solicitado una nueva reunión con los responsables de AVRA. “No puede desaparecer la propiedad de los vecinos por arte de magia”, advierte.
Silva también presenta objeciones ante un posible cambio de régimen porque, recuerda, el abandono institucional ha obligado a parchear las casas en las que viven, “hemos invertido dinero en seguridad”.
