El Servicio de Vigilancia Aduanera, con la colaboración de la Policía Nacional, ha desmantelado una organización criminal dedicada al envío de picadura de tabaco de contrabando y de medicamentos y sustancias prohibidas a través de internet, que contaban con la participación de una empresa de paquetería y mensajería de Benalmádena.
En la operación han sido detenidas nueve personas por presuntos delitos contra la salud pública, contrabando, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado.
Las investigaciones se iniciaron en 2022, al detectarse en distintas provincias un elevado número de paquetes de picadura de tabaco de contrabando, así como de anabolizantes y otras sustancias vigorizantes, que habían sido enviados desde agencias de transporte de la provincia de Málaga.
Los investigadores empezaron a sospechar del gran número de envíos y la "escasa colaboración de algunas de las agencias de mensajerías", por lo que centraron las pesquisas en la posible participación de algunas de las empresas de paquetería, principalmente una agencia, ubicada en el polígono industrial de Arroyo de la Miel, en Benalmádena.
Durante las investigaciones se han aprehendido 1.400 kilos de picadura de tabaco de contrabando en diversas actuaciones, valorada en 224.000 euros, además de unas mil pastillas de anabolizantes y vigorizantes sexuales, y se ha procedido a la intervención de un vehículo utilizado para transportar los paquetes preparados para ser enviados.
Tres personas fueron detenidas al ser descubiertas por delito de contrabando de forma flagrante y se descubrió el almacén donde se guardaba la picadura de tabaco y se preparaba para el envío a través de la empresa de mensajería.
La organización desmantelada, operaba en las provincias de Málaga y Sevilla y, en poco más de un año y medio habría realizado, al menos, 8.000 envíos con un total de 23.000 kilos de picadura de tabaco, a través de la misma agencia de paquetería y mensajería, por los que habría percibido aproximadamente 580.000 euros de beneficio.
Respecto a los medicamentos que se ofertaban, todos ellos estaban relacionados con la disfunción eréctil y no cumplían los controles establecidos ni se habían sometido a unos controles de calidad suficientes para ser consumidos por los usuarios; su tráfico y su comercialización son ilegales al no estar garantizado ni su composición ni sus efectos.
