En base a las informaciones recibidas, J.Vázquez P., a quien se acusa de un delito de cohecho por aceptar supuestamente regalos y dinero en metálico a cambio de la concesión ilegal de licencias y otras irregularidades de carácter urbanístico, tenía circunscritas áreas del municipio como la carretera del Faro y la zona de Las Herrizas.
En el caso de este último área, denominada también sector 10, quedó afectada desde enero de 2003 por un Proyecto de Plan Parcial aprobado por la Gerencia Municipal de Urbanismo y promovido por Luis Soto Muñoz.
En base a este plan, quedaba suspendido por un periodo de dos años el otorgamiento de licencias en el territorio afectado por dicho planeamiento. Todos estos datos, tal y como se refleja en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 30 de enero de 2003, están recogidos, asimismo, como información pública en la Sección Administrativa de la propia Gerencia Municipal y firmados por el entonces titular de la Delegación de Urbanismo, José Ortega Andrade.
Según ha podido saber este diario, una de las líneas de investigación apuntan a que J. Vázquez P. podría haber propiciado la concesión de licencias ilícitas en esta zona prohibida durante el periodo indicado a cambio de las bonificaciones ya mencionadas (dinero y objetos materiales).
De igual modo, la zona del Faro de Punta Carnero,en la que a principios de octubre se aprobó un Plan Especial de Reforma Interior para la mejora de sus servicios, era, según los datos aportados, otra de las áreas donde este inspector habría practicado irregularidades. En este momento, por medio de este plan, han quedado suspendido “el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas por plazo máximo de dos años”, tal y como se recoge en el decreto municipal número 9.740 de 6 de octubre de este año.
Indagaciones
Las fuentes consultadas indicaron que la investigación sobre las actuaciones supuestamente ilegales de este funcionario público se encuentra todavía en su fase preliminar y que hasta el momento no se ha tenido conocimiento de nuevas implicaciones desde el sector urbanístico municipal ni de más afectados, que podrían rondar ya las varias decenas de personas.
Este diario también ha podido saber que se ha estado llevando a cabo “un trabajo de campo” en las zonas donde se sabe que operaba este funcionario, a fin de conocer más detalles sobre las supuestas actuaciones ilegales cometidas, y que aún están pendientes entrevistas con presuntos afectados de ambas zonas.
