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Sevilla

El alcalde de Aznalcóllar llama a mirar "en positivo" hacia la reapertura de la mina

Señala el impacto laboral y económico de la reactivación de la corta minera y avisa de que no puede seguir sufriendo "más dilaciones"

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  • El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández. -

El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), ha llamado a mirar al municipio "en positivo", en especial por la esperada reapertura de la corta minera de Los Frailes para su nueva explotación a manos del grupo México-Minorbis, participado por la andaluza Magtel; tras el juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla por la reclamación de la Junta de Andalucía a Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), en demanda de 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental afrontados tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina, explotada entonces por dicha empresa.

Así lo ha manifestado a Europa Press el alcalde de Aznalcóllar, después de que a finales de marzo, el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, manifestase que el proyecto de reapertura de la mina afronta "la fase de tramitación ambiental, a expensas del informe de admisibilidad del vertido al dominio público marítimo y terrestre", extremo este último "relacionado con el caudal de agua" que necesita la nueva actividad minera.

No obstante, Paradela señalaba que el proyecto cuenta con una previsión de "recirculación de agua que supera el 80 por ciento", algo que de cualquier modo está siendo analizado "con rigor y detalle" antes de un pronunciamiento de la Administración andaluza.

CLAVE PARA "EL FUTURO" DE AZNALCÓLLAR

El alcalde de Aznalcóllar, en ese sentido, ha manifestado que la reapertura de la mina será el "pistoletazo de salida para el futuro de la localidad y de la comarca, así como un antes y un después en la minería moderna del siglo XXI", implicada con el medio ambiente como ha reiterado.

Y es que como detallaba Paradela, el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar es de "singular relevancia" al llevar aparejada una inversión de "316 millones de euros y la creación de 2.000 empleos directos o indirectos", para la extracción de "45 millones de toneladas de cobre, cinc y plomo", durante 17 años a los que hay que añadir tres años de construcción del recinto.

A tal efecto, el alcalde de Aznalcóllar ha destacado por su parte que "miles de desempleados esperan como agua de mayo poder ver esa puerta abierta" y contar con una "oportunidad" de futuro. "Como pueblo, queremos vivir de nuestro trabajo, de nuestro sudor y no de limosnas o subvenciones de las otros gobiernos", ha aseverado el alcalde, insistiendo en que Aznalcóllar es un municipio "rico" en recursos pero con mucha "gente pobre con mucha necesidad", que está "deseando romper" el círculo de la carestía.

NO MÁS "DILACIONES"

Por eso, ha expuesto que la ciudadanía de la zona no quiere "seguir viendo más dilaciones" respecto a la reapertura de la mina y tiene sus ojos puestos en "la esperada noticia de la autorización ambiental unificada favorable" al proyecto de nueva explotación de la corta minera de Los Frailes.

A tal efecto, recordemos también que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del macro juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.

El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.

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