No fue el momento más oportuno para anunciar ayer en Madrid a los miembros de las asociaciones de jueces y fiscales que preparan una huelga para el 16 de mayo, por parte de los representantes del Ministerio de Justicia y de Hacienda de la intención de poner en la mesa 44,5 millones de euros para mejorar las nóminas de los integrantes de la carrera judicial y fiscal. Y no lo fue en víspera de la huelga, de este jueves 4, de los 45.000 funcionarios de Justicia de toda España.
Es más, esta voluntad negociadora de la ministra Pilar Llop (que incluso bajó a saludar a los representantes judiciales y fiscales) para tratar de llegar a un acuerdo, ha crispado más aún los ánimos de gestores, tramitadores, forenses y personal de auxilio judicial que esta mañana no solo han decidido secundar el paro total, sino que se han concentrado frente a las sedes ministeriales para protestar.
En el caso de Málaga, lo han hecho con pancartas y silbatos desde las 12 del mediodía, junto a las puertas de la Gerencia de Justicia, en el paseo Tomás Heredia frente al muelle, con una representación elevada de trabajadores y sindicatos convocantes (CSIF, STAJ, UGT y Comisiones Obreras).
El seguimiento en Málaga, según estas organizaciones, ha sido del 80%, excepto los servicios mínimos. Una imagen de paralización en la Ciudad de la Justicia de Teatinos y de dependencias judiciales en Marbella, Torremolinos, Antequera, o Estepona, con despachos vacíos de personal y ordenadores apagados.
"Nos encontramos ante la Gerencia del Ministerio para reclamarle que deje de tratarnos como personal de segunda clase. Le exigimos respeto a los cuerpos generales de la Administración de Justicia, que paralice la tramitación de la ley de Eficiencia Organizativa, una ley que pone en riesgo nuestros puestos de trabajo y complementos retributivos", ha manifestado Francisco Jurado, secretario de la Sección Sindical de Justicia de CC OO en Málaga. Los funcionarios afectados por esta negociación de estos cuerpos son alrededor de 1.900 en la provincia malagueña, y solicitan un incremento salarial entre 430 y 350 euros, para la categoría inferior (auxilio judicial).
Esta jornada de paro completa sucede a los paros parciales de tres horas realizados por estos colectivos desde el pasado 17 de abril y una manifestación masiva en Madrid el 19 de abril.
Los sindicatos, que han calificado de "trato clasista" el recibido en este proceso negociador por parte del Ministerio, que el pasado 28 de marzo llegó a un acuerdo con las tres asociaciones de secretarios judiciales para aumentar su salario entre 450 y 430 euros brutos al mes, mantienen la convocatoria de nuevos paros totales para los días 9, 10, 11, 16 17 y 18 de mayo si no se alcanzan acuerdos. Para los LAJ, el Gobierno ha previsto aportar unos 22 millones de euros hasta finales del 2024.
El endurecimiento sindical ha llevado además a recordar al personal de justicia que se cumpla extrictamente la ley en cuanto a las tareas fijadas para los funcionarios y no practicar durante los paros los actos de conciliación, la lectura de derechos a los justiciables, los reconocimientos en rueda, las subastas, "ni ninguna otra actuación que corresponda a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ)". También van a limitar las exploraciones de las partes (familia y lesiones en el caso de los médicos forenses) y la celebración de las vistas orales en salas.
