El presidente de la FEMP, Pedro Castro, anunció en rueda de prensa que a los alcaldes con sueldos similares al del presidente del Gobierno se les rebajara el salario un 15 por ciento, mientras que la reducción en emolumentos equivalentes a secretarios de Estado será del 10 por ciento, y del 9% para los equivalentes a subsecretarios de la Administración y así sucesivamente hasta la rebaja mínima del 0,25 por ciento.
Castro explicó que la reducción será efectiva en la nómina de junio y que en 2011 los salarios quedarán congelados.
La FEMP se reunió esta mañana para estudiar esta rebaja salarial y analizar el decreto ley por el que se adoptan medidas extraordinarias para reducir el déficit público y que prohíbe a los ayuntamientos recurrir al crédito a largo plazo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.
Inicialmente, el decreto decía que los ayuntamientos no podrían endeudarse desde hoy mismo ni en 2011, pero finalmente el Gobierno ha rectificado y ha retrasado siete meses el recorte.
Castro comentó que, si bien esta rebaja salarial para alcaldes y cargos electos viene en el decreto, es más que una "recomendación" de la FEMP, ya que fue acordada por unanimidad de la Ejecutiva, "y de alguna forma vincula, ya que todos se han sumado a arrimar el hombro", ha dicho.
El dirigente de la FEMP también comentó que en el transcurso de la Ejecutiva se ha manifestado que los ayuntamientos quieren que el Gobierno central gobierne y "que tome decisiones valientes", al tiempo que pidió al PP que tenga "concepto de Estado", que "no se ponga de lado ni se excluya", si no que observe lo que está pasando en Europa.
En este sentido, Castro exigió al PP que estén "por encima de un puñado de votos" y demandó "amplitud de miras" y "concepto de Estado", más cuando todos los países europeos están tomando medidas e incluso de "mayor profundidad".
En relación con e decreto que retrasa hasta 2011 la limitación del crédito, tras la rectificación hoy en el BOE, Castro señaló que ha sido una "corrección" efectuada tras la intervención de la FEMP y la reunión anoche con el Gobierno.
"Esta corrección -dijo- favorece absolutamente a todos y permite que en 2010 no haya nada que impida a los ayuntamientos desarrollar sus presupuestos".
Castro apuntó que en la Ejecutiva de hoy todos han coincidido en que hay que trabajar "con la misma fuerza de cara a corregir también la situación de 2011".
Según explicó, la tarea de la FEMP ahora es "negociar" la situación de 2011 para que las inversiones comprometidas no se vean afectadas, entendiendo que hay "responsabilidad de Estado y de sacar al país adelante".
Por su parte, el portavoz del PP en la FEMP, Fernando Martínez Maíllo, que también compareció en rueda de prensa con los alcaldes de Santander, Guadalajara y Murcia, exigió una "rectificación total" del decreto, no sólo de 2010, sino también de 2011, de forma que las corporaciones locales puedan acudir a créditos el próximo año.
Maíllo calificó la rectificación de "chapuza absoluta" y consideró que si la decisión se mantiene los daños serán "irreparables", ya que hay muchas inversiones que son plurianuales y fondos europeos, que "si no se ejecutan se perderán".
A juicio de Martínez Maíllo, el decreto que limita los créditos a los ayuntamientos es "una barbaridad", además de "injusto y adoptado con "nocturnidad y alevosía".
Reprochó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no tuviera la valentía de anunciar esta medida en el Congreso y, por el contrario, "ayer, a las nueve de la mañana, las corporaciones nos encontramos con esta decisión injusta" que sólo afecta a las corporaciones locales.
Maíllo recordó que este decreto deja "intacta" la posibilidad de acudir al crédito a las comunidades autónomas y al Gobierno y, además, rompe los acuerdos del Ejecutivo que permitía a los ayuntamientos aumentar el índice de endeudamiento del 110 al 125 por ciento.
"Creemos que el Gobierno se ha equivocado y ha atacado a los más débiles, al igual que ha hecho con pensionistas y funcionarios", concluyó.
Y mientras, en el Congreso
La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado por unanimidad recortar un 10 por ciento el sueldo base de todos los diputados, a lo que hay que unir un recorte gradual de los complementos que, en el caso del que disfruta el presidente de la Cámara, José Bono, sube hasta el 15 por ciento, según avanzó el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso. El mismo esquema se aplicará en el Senado.
La decisión, auspiciada por el recorte de sueldos de los altos cargos contenido en el decreto ley de medidas para reducir el gasto público, no se adoptará formalmente hasta el próximo jueves, una vez se convalide el decreto ley que dio origen a la bajada de sueldo y que la aprueben las Mesas del Congreso y del Senado.
Según los planes comentados en la Junta de Portavoces, la asignación básica que reciben todos los diputados, fijada desde 2008 en 3.126,52 euros al mes, se reducirá un 10 por ciento, lo que les supondrá percibir desde junio 312,65 euros menos todos los meses.
Además, los complementos en razón del cargo que los diputados ocupan en la Cámara se reducirán también proporcionalmente. El mayor recorte se producirá en el complemento más elevado, el que disfruta el presidente del Congreso, José Bono, que es de 3.605,38 euros mensuales y al que se aplicará un 15 por ciento de rebaja (540,8 euros menos).
Esa gradación se traslada a los demás complementos (miembros de Mesa, portavoces y adjuntos). Así, para los portavoces de los grupos parlamentarios, que disfrutan de un complemento de 1.978,62 euros al mes, se les ha previsto un recorte del 12 por ciento (237,4 euros menos).
El PP ya había expresado su respaldo al recorte de sueldos y a que la bajada se aplicara gradualmente, puesto que no todos los diputados cobran lo mismo. Según dijo el viernes el secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón, en una situación de crisis como la actual, los políticos son los primeros que tienen "dar ejemplo".
En similares términos se pronunció el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, quien destacó el apoyo unánime a la medida adoptada. "Los diputados y senadores debemos dar ejemplo --enfatizó--. Tenemos que apretarnos el cinturón".
Los órganos de gobierno de las dos Cámaras establecerán también la traducción del recorte en las retribuciones que reciben anualmente los funcionarios de las Cortes Generales, que tiene su propio régimen de escalas, distinto al de sus compañeros del resto de la Administración.
Esta especificidad es la que complica la traslación a los trabajadores de las Cortes de la rebaja del 5 por ciento de media que se va a aprobar para el resto del funcionariado, porque habrá que decidir qué porcentaje se rebaja a cada colectivo, teniendo en cuenta la diferencia de sueldo que hay, por ejemplo, entre un ujier y un letrado.
