Asaja y COAG valoran el esfuerzo de la Junta por integrar sus modificaciones

Las organizaciones agrarias Asaja y COAG en Andalucía que firmaron el Acuerdo Andaluz por el Agua destacaron el esfuerzo de la Agencia Andaluza del Agua, integrada en la Consejería andaluza de Medio Ambiente, por moldear el texto e integrar las modificaciones fundamentales de todas las partes.


En declaraciones a Europa Press, el asesor jurídico de Asaja-Sevilla, Emilio Vieira, recordó el trabajo tan intenso que comenzó en septiembre con dos y tres reuniones por semana y un "alto" grado de participación con el que al final "la Administración ha recogido muchas de las peticiones fundamentales de la organización". Asimismo, señaló que el acuerdo era "aceptable" y agradeció la flexibilidad y el trabajo de todos para llegar a un acuerdo "perfectamente firmable".


Vieira explicó que Asaja presentó un total de 13 puntos que se han recogido en el texto final que se basaban en la situación "indiscutible" de déficit en Andalucía y, en concreto, en la Cuenca del Guadalquivir, por lo que instó a terminar las obras hidráulicas para conocer "realmente" la situación y la cantidad de agua de la que se dispone.


En este sentido, Asaja apostó por ver que agua se tiene y que agua se debe y "una vez se sepa se tomarán medidas". Tras esto, precisó que "probablemente haya una situacion más desahogada y si sobra agua debe destinarse a garantizar los usos actuales".


Apuntó que si después de garantizar estos usos, se da superavit "hay que seguir creciendo en industria y en regadíos" porque "la región debe seguir creciendo económicamente y el agua es esencial para esto" y por "las necesidades alimentarios que presenta la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que necesita del regadío".


Asimismo, precisó que también se debe potenciar a las comunidades de regantes y pidió "ser valientes" en esta materia para extenderlo a todos los usuarios. De igual manera, exigió potenciar los bancos públicos de agua "bajo control público, entre concesionarios y bajo el principio de precaución".


Coag valora el consenso


Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Andalucía (COAG-A) calificó de "positiva" la "valiente" apuesta de consenso que se ha realizado desde la Agencia Andaluza del Agua dentro del debate para fijar la propuesta de Acuerdo Andaluz del Agua, que hoy se aprobó. 


En un comunicado, esta organización agraria recordó que a partir del 1 de enero de 2009, Andalucía asumirá las competencias sobre el Guadalquivir, uniéndose así a las ya transferidas de las Cuencas Atlántica y Mediterránea, lo que significa que Andalucía gestionará el 95,5 por ciento de la superficie andaluza, los recursos del 98,85 por ciento de su población y el 99,71 por ciento de su consumo hídrico. 


COAG-A destacó el esfuerzo realizado por la Agencia Andaluza del Agua para sintetizar las aportaciones de los distintos participantes en el proceso de elaboración de la propuesta de Acuerdo Andaluz por el Agua, que, según explicó, se ha ido moldeando para recoger las cuestiones que cada agente implicado ha considerado como "imprescindibles y obligatorias". 


A este respecto, la organización agraria calificó "muy positivamente" el cambio que se plantea en la financiación del Ciclo Integral del Agua y el papel de responsabilidad que la Administración Andaluza del Agua asume con las figuras del Observatorio del Agua y del Banco Público del Agua. 


Apuntó que el Banco Público del Agua es la herramienta "más adecuada" para evitar el "mercadeo" entre particulares, "garantizando la disponibilidad de agua para la atención de demandas prioritarias o de interés general, en especial la medioambiental y la de recursos alternativos en sequía". 


Este Banco, según precisó, debe actuar "ineludiblemente" bajo los principios de cautela y control público y tiene que ser el garante del respeto de los usos actuales y de las prioridades establecidas para la asignación de dichos usos, debiendo valorarse cualquier flexibilización puntual en los mismos de forma transparente. 


Por su parte, el Observatorio Andaluz del Agua se constituye como el apoyo perfecto para el funcionamiento de dicho Banco, ya que permitirá evaluar toda la información sobre los titulares de los derechos de agua y su cuantía antes de asignar nuevos usos o reasignar derechos entre concesionarios. 


COAG-A también mostró su apoyo "incondicional" a una administración andaluza única del agua, respetuosa con el principio de unidad de cuenca. En ésta, "las delegaciones provinciales deberían ser la garantía de cercanía al ciudadano, debiendo las políticas centrales regir sobre todas las cuencas andaluzas, independientemente de que se consideren las características específicas de cada una", subrayó.


Asimismo, en relación con la participación pública, valoró y exigió que se mantenga la presencia expresa por su importancia de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) en todo el proceso de participación activa que ha caracterizado la elaboración del documento que hoy se ha aprobado.


Otro aspecto importante, según COAG-A, es que el documento fija el año 2015 como fecha en la que deben estar culminadas todas las obras de modernización de regadíos, "un aspecto ineludible para contribuir al ahorro de un bien tan preciado y tan escaso como el agua". No obstante, apuntó que es "necesario" que haya garantía de fondos para todas las solicitudes y que las ayudas lleguen a todos los posibles peticionarios, facilitando también, en la medida de lo posible, la modernización individual de las distintas parcelas.


En relación con las aguas subterráneas, COAG-A valoró la potenciación de las Comunidades de Usuarios como la única vía de futuro. Por último, precisó que aunque estimó que la futura Ley Andaluza del Agua debe procurar una homogeneización de tarifas/cánones para las aguas de riego, teniendo en cuenta tres niveles, un primer tramo igual para todos los usuarios por servicios comunes en el que participen aguas subterráneas y superficiales. Un segundo tramo por infraestructuras igual para todos los usuarios de aguas superficiales reguladas y un tercer tramo diferente, según las características especiales de cada sistema de explotación de recursos.