El juez de la Audiencia Nacional que investiga a la anterior cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha citado a declarar como investigados el próximo 3 de abril al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio y al ex secretario general Raúl Masso por el presunto desvío de fondos de 7,9 millones de euros.
Fuentes jurídicas han confirmado a EFE que, como ha avanzado Vózpopuli, el juez Alejandro Abascal los ha emplazado el próximo 3 de abril a las 10.00 horas después de que la Audiencia Nacional, en atención a un recurso de La Liga Nacional de Fútbol Profesional, ordenase al magistrado que los imputase y que tomase declaración asimismo como investigado por ese presunto desvío al expresidente de la RFEF Ángel María Villar, que ya estaba investigado en este procedimiento, llamado caso Soule.
La Fiscalía cree que existe una "presunta desviación de fondos aportados" por la Liga a la Federación, "con destino finalista, en virtud de los convenios de colaboración suscritos entre ambas asociaciones en los años 2006, 2010 y 2014, y su aplicación a fines distintos de los previstos".
Según la Fiscalía, los informes periciales revelan que "las aportaciones realizadas por La Liga a la RFEF correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en 7.999.013,18 euros correspondientes a estos conceptos" y dicha diferencia no estaría justificada.
Entre la Liga y la Federación existen convenios que establecen el régimen de las relaciones económicas entre ambas entidades y la LNFP denunció que la investigación había desvelado pagos ajenos a los fines convencionales por los que aportaba a la RFEF los fondos convenidos.
Hizo referencia, según recordaba el tribunal al aceptar su petición, a un supuesto acuerdo -"Acuerdo arbitral referente a la aplicación el posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por la LNFP a la RFEF"- que habría sido alcanzado a espaldas de La Liga y por personas sin atribución ni competencia para ello, y apuntó que el presidente y secretario de la CTA en esos momentos habrían ordenado el pago de facturas, con fondos de La Liga, de gastos ajenos al fútbol profesional.
El caso Soule, en el que declararán ambos antiguos responsables arbitrales, se abrió en 2017 y discurre en paralelo al conocido como caso Negreira, en el que este miércoles un juez de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el FC Barcelona y José María Enríquez Negreira por supuestos pagos millonarios de la entidad azulgrana al exvicepresidente del CTA.
