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El alcalde de Arcos cree que el convenio de la Junta para La Verbena “torpedea” al PSOE

Gambín lamenta que el borrador obligue al municipio a poner otro millón de euros y que la inversión autonómica se reparta en tres anualidades

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  • El equipo de Gobierno y los vecinos asistieron al Parlamento. -

El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, ha mostrado de nuevo su decepción ante los términos que plantea la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía de cara a la firma del convenio que posibilite la continuidad de las obras en la barriada de La Verbena. Si bien la consejera, Marifrán Carazo, se comprometió en la sesión de control al Gobierno andaluz celebrada el jueves en el Parlamento a aportar su millón y medio de euros comprometidos para los trabajos, su nuevo borrador de convenio contempla que la inversión se desarrollaría en tres anualidades,  siendo ésta la primera. Sin embargo, y es novedad, el Ayuntamiento tendría que aportar de recursos propios otro millón. Además, el Ayuntamiento tendría que realizar el proyecto con lo que ello comporta. Y para más inri tendría que adelantar la tercera y última anualidad “para no dejar tirada a la empresa que realice la obra”.

El regidor entiende que se trata de un convenio “muy perjudicial” para el Ayuntamiento y considera que la única buena noticia a este respecto es que la Junta aportará su millón y medio de euros sin remisión alguna. Es más, Gambín cree que este convenio “torpedea” intencionadamente al PSOE y al alcalde de Arcos “para perjudicarlos electoralmente”. No obstante, asegura que hará todo lo necesario para que las obras empiecen lo antes posible.

Cabe recordar que la consejera respondió en el Parlamento a la pregunta planteada por la diputada autonómica del PSOE Irene García y en presencia del equipo de Gobierno y vecinos de La Verbena. Marifrán Carazo se comprometió a firmar el convenio con carácter urgente y anunció que las obras podrían empezar en el plazo de seis meses a lo sumo si se firma el convenio en breve, para la ejecución de unas obras que tendrían un plazo de dos años y que teóricamente pondrían fin a la reurbanización de la barriada tras los trabajos de estos años para consolidar los terrenos.

Además, con la fórmula planteada por la Junta no podría ejecutar la obra la empresa Tragsa, que hasta ahora ha realizado las distintas actuaciones en la barriada.

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