La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que, mediante una empresa de seguridad privada, se dedicaba presuntamente al blanqueo de capitales y que habría defraudado más de seis millones y medio de euros a la Seguridad Social, una operación que se ha saldado de momento con 23 arrestados en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona, aunque no se descartan nuevas detenciones.
Las pesquisas policiales apuntan a un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros y a una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros, según ha comunicado este lunes la Policía en una nota informativa.
De acuerdo con la Policía, la supuesta actividad fraudulenta se realizaba desde una empresa de seguridad privada que llegó a dejar de pagar a los trabajadores y cedía de forma ilegal sus servicios y facturación a otra empresa de seguridad.
En nueve registros, los agentes han intervenido 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, además de siete vehículos, tres pistolas --una de ellas detonadora--, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, así como munición para arma corta.
Se ha constatado la participación de 26 personas y por ahora se ha detenido a 23 en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital.
SIN ABONAR NÓMINAS DESDE 2021
La investigación arrancó en marzo de 2022 a raíz de una denuncia contra una empresa de seguridad privada que no pagaba las nóminas a 600 trabajadores desde diciembre de 2021.
Asimismo, la empresa cobraba la facturación de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas, con el objetivo --según la Policía-- de descapitalizar a la aludida mercantil, al mismo tiempo que eludía los obligados pagos a sus acreedores.
En la denuncia, además, se señalaba que los gestores de la compañía, detenidos en la operación, actuaban como testaferros de uno de los cabecillas de la organización, al que se investigaba desde 2019 y que ha sido arrestado junto a su mujer.
El líder del grupo habría prestado a los antiguos dueños de la mercantil más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa, pero al no poder devolver ese dinero, los propietarios le entregaron la compañía para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes.
Así las cosas, los nuevos propietarios dejaron de pagar, incluidas las nóminas de los empleados, y estarían cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista por medio de un testaferro.
80 SOCIEDADES Y 30 TESTAFERROS
Fuertemente jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida, la organización investigada se dedicaba al blanqueo de los beneficios obtenidos y de capitales procedentes del tráfico de drogas de, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios, según la Policía.
Para hacer estas operaciones simulaban transacciones comerciales entre sociedades vinculadas, justificando así entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe, entre los años 2016 y 2021, superior a los 27 millones de euros.
El grupo tenía una extensa red de colaboradores y una estructura societaria con más de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la que simulaba transacciones comerciales que le permitían mover el dinero en el circuito legal y obtener la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama.
Los agentes confirmaron la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida y cohecho, por los anteriores gestores de la empresa y en connivencia con el líder de la organización.
Además de las incautaciones, se ha procedido al bloqueo de 169 cuentas bancarias (39 de personas físicas y 130 de sociedades), en las que hasta el momento se han encontrado más de 300.000 euros. También se han realizado anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles, en una investigación que sigue abierta y en la que no se descarta una segunda fase con nuevas detenciones.
En los registros han participado un centenar de agentes y se han efectuado tanto en casas particulares como en despachos y empresas, donde se ha intervenido material electrónico y documentación.
