"La decisión del Gobierno está tomada, las instrucciones del presidente del Gobierno al resto de miembros del gabinete son claras y contundentes para evitar que se produzca la entrada de ningún partido y ningún candidato", explicó Zarrías.
Según dijo, las instrucciones del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, incluyen también estudiar "mecanismos para que en el caso de que alguno se pueda colar, y se compruebe posteriormente, se pueda actuar sobre él".
Por el momento, explicó, el Gobierno está haciendo un "trabajo interno" y conjunto entre los ministerios de Interior, Justicia y Política Territorial. "Luego, evidentemente, como es un cambio legislativo de calado, habrá que ponerlo en la mesa de negociación", añadió, precisando que espera poder presentarlo a todos los grupos políticos dentro de este periodo de sesiones, antes de junio.
Zarrías, que forma parte además de la dirección del PSOE, no quiso avanzar detalles de la reforma de la Ley de Partidos --algo que ha pedido el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti-- ni de la reforma del régimen electoral, que afecta a todos los comicios, aunque insistió en que el Gobierno hará todo lo que esté en sus manos. "Es un poco prematuro, es un tema de alto voltaje", alegó.
Estudiar las propuestas del PP
En cambio, sobre el proyecto de nueva ley del Gobierno local, que tramita directamente su Departamento y que está "prácticamente concluido", afirmó que los socialistas están "dispuestos a estudiar" la idea del PP de que las Cortes Generales o los tribunales, y no sólo el Consejo de Ministros, puedan disolver Ayuntamientos. El apoyo al terrorismo es una de las causas de disolución de las corporaciones locales, según el artículo 61 de la Ley de Bases actual.
Tras la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), el Gobierno anunció ya a finales de 2008 que reformaría la ley para impedir que puedan gobernar en los ayuntamientos los miembros de un partido ilegalizado, en lugar de optar por la vía de disolver los consistorios afectados, como quería el PP.
Zarrías confirmó este jueves que el Ejecutivo sigue trabajando en esa línea y añadió que "previsiblemente concluirán los trabajos en las próximas semanas". Además, puntualizó que también se está estudiando la propuesta del PP de que se pueda retirar el acta al concejal cuyo apoyo a ETA se compruebe después de las elecciones.
Evitar problemas con la Constitución
No obstante, reconoció que algunos mecanismos podrían chocar con el artículo 23 de la Constitución española, que establece que todos los ciudadanos deben poder acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, aunque matiza que "con los requisitos que señalen las leyes".
"Efectivamente, por eso es un tema delicado pero que está siendo objeto de estudio. Queremos evitar, con la ley en la mano, que los violentos y aquellos que amparan la violencia ocupen puestos públicos en ningún lugar democrático, un ayuntamiento, una diputación, un Parlamento autonómico o las Cortes", remachó Zarrías.
