La violencia relacionada con los grupos yihadistas en África se ha multiplicado por tres en la última década, con el Sahel ya como el principal escenario de la acción de estas organizaciones, que han cuadruplicado sus acciones desde 2019 en esta parte del continente.
Así se desprende de los últimos datos publicados por el Africa Center for Strategic Studies (ACSS), un 'think-tank' dependiente del Pentágono, que resalta que si las acciones violentas de los grupos yihadistas se han duplicado en todo el continente desde 2019, en el caso de Malí, Burkina Faso y el oeste de Níger lo han hecho por cuatro.
Como resultado de ello, en 2021 el Sahel desbancó en el ránking a Somalia como el escenario yihadista más virulento del continente. En concreto, de los 6.256 incidentes violentos contabilizados en África por el ACSS --un 21% más que en 2020--, 2.612 tuvieron lugar en el Sahel, donde la amenaza se está extendiendo ya hacia el sur y en 2021 se contabilizaron 20 incidentes en Benín, Costa de Marfil y Togo.
Estos actos se saldaron con más de 7.000 víctimas mortales --casi la mitad de las contabilizadas en todo el continente--. De ellas, más de una cuarta parte (1.847) fueron resultado de ataques contra civiles, lo que supone un aumento del 67% con respecto al año anterior. En 2022, la tendencia no solo se mantiene sino que se ha recrudecido, según advierte el proyecto ACLED, que hace seguimiento de la violencia política en el mundo.
Esta organización sin ánimo de lucro ha contabilizado al menos 1.900 eventos de violencia política --principalmente enfrentamientos entre los grupos yihadistas y las fuerzas de seguridad, así como ataques y violencia contra civiles además de manifestaciones-- que se han saldado con 5.450 fallecidos en el primer semestre del año.
ACLED ha registrado algunos de los ataques más mortíferos contra la población civil en la última década en estos seis primeros meses, obra no solo de los grupos terroristas sino también de las fuerzas de seguridad locales, que en el caso concreto de Malí cuentan ahora con el apoyo de mercenarios rusos del Grupo Wagner. En total, van más civiles muertos ya de los que se registraron en todo 2021.
RÉCORD DE VÍCTIMAS EN 2022
Según advierte Héni Nsaibia, experto en esta región de ACLED, "2022 se encamina a convertirse en el año más mortífero tanto en Burkina Faso como en Malí desde que la crisis en el Sahel comenzó hace más de una década".
La intensidad de la violencia sigue siendo a día de hoy mayor en Burkina Faso, donde los grupos yihadistas se expandieron tras comenzar su actividad en el norte de Malí en 2012, si bien este año Malí ha recuperado la primera plaza en cuanto al número de víctimas, mientras que en el caso de Níger parecen estar en descenso, precisa este experto en un artículo.
El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel, es a día de hoy "el actor más activo y mortífero en el Sahel, sobre todo en Burkina Faso y Malí", subraya Nsaibia, que resalta los más de 40 ataques que el grupo que comanda Iyad ag Ghali ha cometido contra la Misión de la ONU en Malí (MINUSMA) desde el pasado octubre que han dejado 20 muertos o los 400 ataques llevados a cabo en Burkina Faso este año y que representan casi el 70% del total.
En la región también opera Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) --recientemente rebautizada como Estado Islámico Sahel--. La filial de Estado Islámico es menos activa que su rival de Al Qaeda pero mucho más mortífera, sobre todo en lo que a población civil se refiere. Según los datos de ACSS, el 63% de las víctimas civiles están vinculadas con las acciones de este grupo pese a que estas solo suponen el 30% del total.
GOBIERNOS MILITARES EN MALÍ Y BURKINA
Tanto Malí como Burkina Faso cuentan con gobiernos militares a la cabeza que, entre los argumentos que esgrimieron para sus respectivas asonadas, apuntaron a la persistente violencia yihadista. Por ahora, ninguno de los dos parece haber conseguido mejorar la situación, sobre todo en el caso maliense, donde el golpe de Estado inicial se produjo en agosto de 2020, pero tampoco en Burkina Faso, donde tuvo lugar el pasado enero.
En una entrevista concedida a la revista 'CTC Sentinel' el hasta hace unas semanas coordinador del equipo de la ONU que supervisa las sanciones contra Al Qaeda y Estado Islámico, Edmund Fitton-Brown, advierte de que ninguno de los dos gobiernos parece tener alcance mucho más allá de las respectivas capitales.
Asimismo, tras alertar del "contagio" que parece estar teniendo la actividad yihadista hacia los países más al sur en el golfo de Guinea, llama la atención sobre el hecho de que "en esa parte del mundo hay muchos golpes de Estado o intentos y existe el peligro de que se termine con países desestabilizados en los que los grupos terroristas sean capaces de ejercer una influencia desproporcionada".
En este contexto, Francia anunció el 15 de agosto que había completado la retirada de los efectivos de la operación 'Barkhane' en Malí, país en el que intervino en 2013 a petición de las autoridades de entonces para frenar el avance de los grupos yihadistas hacia Bamako y con cuyo Gobierno actual mantiene en los últimos tiempos un agrio pulso.
El Ejecutivo de Emmanuel Macron ha dejado claro que su compromiso con la región, incluidos los países del golfo de Guinea, y con la lucha antiterrorista en particular se mantiene, de ahí que ahora vaya a convertir a Níger en la base principal de sus operaciones contra los yihadistas.
IMPACTO DE LA RETIRADA FRANCESA
La retirada francesa "podría crear una oportunidad para que los grupos yihadistas usen el país como refugio seguro si las fuerzas malienses y sus socios rusos no garantizan la segruidad en las zonas rurales del país", alerta en un análisis Soufan Center, organización especializada en cuestiones de terrorismo y seguridad.
"Si un grupo terrorista puede hacerse con territorio que pueda usarse como rampa de lanzamiento de actos de terrorismo regional o transnacional, la presión sobre los gobiernos occidentales para que aumenten sus operaciones antiterroristas en la región aumentará", advierte.
Precisamente, la salida francesa de Malí supone un vacío de seguridad que afecta a las misiones internacionales a las que daba apoyo --principalmente logístico--, tanto a la misión de la ONU como a la misión europea de entrenamiento a las fuerzas malienses, EUTM Malí.
Esta última tiene suspendidas las operaciones de formación desde hace meses ante la falta de garantías de que los efectivos entrenados no acaben trabajando con los mercenarios rusos y la previsión ahora es reducir el contingente. Esta decisión afectará a España que, con más de 500 efectivos desplegados, es el principal contribuyente a esta misión, si bien por ahora el Gobierno no ha tomado una decisión respecto a una retirada total, como sí han decidido otros países como Alemania.
Por lo que se refiere a MINUSMA, su futuro también se pone en entredicho, principalmente por las desavenencias con la junta gobernante. A finales de julio, las autoridades malienses detuvieron a 49 soldados marfileños a su llegada al aeropuerto de Bamako, acusándoles de ser "mercenarios" mientras que Costa de Marfil aseguró que su despliegue se enmarcaba en la misión de la ONU. Los militares han sido imputados esta semana por "tentativa de ataque contra la seguridad del Estado".
Por su parte, Alemania se vio obligada la semana pasada a anunciar la suspensión de participación en MINUSMA --a la que aporta más de 1.000 efectivos-- por la negativa de Bamako a autorizar vuelos de rotación de fuerzas, si bien finalmente este jueves estos pudieron retomarse. Berlín por ahora no ha planteado su retirada de esta misión.
