El Gobierno de Ceuta ha insistido este sábado tras conocer la denuncia que por un presunto delito continuado de prevaricación en la expulsión exprés de menores marroquíes solos de agosto del año pasado ha interpuesto la Fiscalía contra su vicepresidenta, Mabel Deu (PP), en que dicha actuación se basó en "una norma legal en vigor" y en que se obró "en beneficio del interés" de los niños devueltos. Además, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha remarcado que "instó, conoció y autorizó todas las actuaciones" de su consejera de Presidencia.
En un comunicado, el Ejecutivo regional ha querido dejar claro que "respalda absolutamente" a Deu "en relación con el retorno asistido a Marruecos de menores no acompañados llevado a cabo en agosto de 2021 como consecuencia del episodio vivido en nuestra ciudad los días 17 y 18 de mayo del mismo año".
"Estamos convencidos de que actuamos con total honestidad, de manera conjunta y coordinada con la Administración General del Estado, al amparo de una norma legal en vigor -el convenio suscrito entre España y Marruecos- y en beneficio del interés del menor. Todo ello", ha indicado el Gobierno de Ceuta, "para responder a una emergencia humanitaria que desbordaba nuestras capacidades de acogida y que estaba provocada por una situación sin duda excepcional, ya que con motivo del mencionado episodio entraron en nuestra ciudad entre 12.000 y 14.000 personas de las que más de 1.500 eran menores no acompañados".
La Fiscalía, que ha denunciado tanto a Deu como a la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha iniciado la vía penal contra ambas tras entender, como ya han ratificado varias sentencias de lo Contencioso-Administrativo en primera instancia, que la expulsión de 55 niños entre el 13 y el 16 de agosto se hizo "no solo omitiendo algunos de los trámites preceptivos del procedimiento, sino, todos al no existir traza alguna del expediente de repatriación exigido por el Acuerdo [de 2007] entre ambos países" al que apelan las dos administraciones, que en su artículo 5 exige "observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de derecho internacional y de los estableció en la Convención sobre Derechos del Niño por parte de las autoridades competentes españolas".
El Ministerio Público considera que las dos políticas fueron "perfectamente conocedoras de su ilícito proceder" cuando pactaron obviando el Reglamento de la Ley de Extranjería que "a pesar de carecer de competencias para ello" serían las autoridades de la Ciudad "las que decidirían qué menores debían ser expulsados" y las encargadas de "ejecutar su entrega" al país vecino. Mateos y Deu intentaron devolver de una tacada a 145 niños migrantes solos, pero finalmente Marruecos solamente aceptó 15 al día hasta que la Justicia ordenó paralizar el procedimiento.
Además, mantuvieron su plan a pesar de que la jefa del Área de Menores de Ceuta, Antonia Palomo, dejó constancia tanto por escrito como de forma verbal de "su disconformidad con aquel proceder, manifestando que resultaba contrario al ordenamiento jurídico nacional e internacional". Los responsables de la Fundación SAMU, que gestionaba parte de los alojamientos de emergencia acondicionados para los llegados en mayo, también transmitieron "su preocupación por la posible situación de vulnerabilidad de los menores, así como por no preservarse de aquel modo su superior interés".
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 local condenó en marzo a la Administración General del Estado a "adoptar las medidas necesarias" para conseguir "el retorno de los menores de edad [no acompañados] que fueron efectivamente repatriados" a Marruecos al margen de la legislación española, pero tanto la Delegación como el Ejecutivo local han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y han advertido que no intentarán cumplir el veredicto hasta que sea firme.
