Cuatro mujeres y tres hombres de entre 34 y 67 años han sido detenidos en Valladolid por hacer hasta 32 contratos fraudulentos en cinco años para cobrar prestaciones públicas y regularizar a extranjeros, según ha informado este miércoles la Policía Nacional.
La operación policial "Invictus" contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular ha durado catorce meses, ha contado con la colaboración de la Tesorería General de Seguridad Social e Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, y ha concluido con esas siete detenciones entre el 25 y 26 de mayo pasados, con dos de ellos con antecedentes por otros delitos.
La investigación arrancó en marzo del 2021, centrada en el abogado y asesor afincado en Valladolid V.J.M.A., quien contaba con la infraestructura de una empresa unipersonal con su propio nombre que le permitía contratar trabajadores de forma aparentemente legal, ha detallado la Policía en un comunicado.
El abogado tenía un despacho en Valladolid dentro de la Asociación de Vecinos de un barrio de la ciudad y llegó a contratar a 32 personas en un periodo de tiempo de 5 años, la mayoría de ellos sustentados en la limpieza de portales comunitarios o de su propio despacho, si bien fruto de la investigación se ha tenido conocimiento que para esas labores se contaba con empresas externas.
Durante la investigación, la policía ha encontrado "contratos rocambolescos para realizar funciones dispares tales como elaborar felicitaciones de navidad pasadas las fechas navideñas, o contratar a una persona para limpiar exclusivamente su vehículo particular careciendo el empleado de carné de conducir".
O "la contratación de una persona para limpieza de su oficina la cual no acudía al puesto de trabajo o no realizaba sus funciones, por lo que contrataba una segunda persona para que desarrollara esas mismas funciones manteniendo el alta en la Seguridad Social de la primera, ya que le daba pena despedirla".
La mayoría de las altas tramitadas en la Seguridad Social eran de un solo día, y los beneficiarios de estos trámites fraudulentos habían causado baja voluntaria en su empleo anterior, por lo que necesitaban el alta para poder acceder al cobro de prestaciones públicas, ha detallado las mismas fuentes.
También se han detectado supuestos en los que el interés por generar esa relación laboral fraudulenta radicaba en la necesidad de disponer de un contrato de trabajo que garantizara medios de vida para regularizar la situación administrativa de los interesados o familiares.
En la investigación también se han localizado múltiples ingresos en efectivo en las cuentas bancarias del principal investigado llegando a figurar ingresos en efectivo a nombre de alguno de sus presuntos trabajadores en beneficio de V.J.M.A. para seguidamente esa transferencia ser reembolsada al trabajador figurando en concepto nómina mensual.
Es decir, "el empleado le ingresaba al empresario el importe de su propia nómina en efectivo para que posteriormente éste se la devolviera vía transferencia bancaria descontando su comisión correspondiente".
De los 32 trabajadores que llegó a dar de alta en la Seguridad Social V.J.M.A., han sido anuladas de oficio 28 y se pudo localizar y detener a seis de los "trabajadores".
Los detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración a la espera de juicio y las diligencias se remitieron al Juzgado de Instrucción número Cinco de Valladolid, según las mismas fuentes.
