Suspendido el juicio contra un dueño de clubes de alterne que se enfrenta a 40 años

El juicio contra el dueño de una sociedad que regentaba tres locales en el centro de Granada donde presuntamente se ejercía el alterne o la prostitución, que se enfrentaba a una petición de 40 años de prisión, ha sido suspendido este martes por la incomparecencia de testigos fundamentales para esta causa.

Fuentes judiciales han informado a EFE de que la Sección Segunda de la Audiencia de Granada no ha fijado todavía nueva fecha para la vista oral, que también sienta en el banquillo a otras tres acusadas por distintos delitos como el de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso EFE, el principal procesado era administrador y socio único de Videoreset SL y, en connivencia con las demás acusadas, regentaba a través de esta sociedad locales en las calles Portón de Tejeiro, Santa Aurelia y Casillas de Prats.

Al menos durante los meses de mayo de 2017 a febrero de 2018 -continúa el escrito-, en estos clubes trabajaban mujeres que podían ejercer tanto el alterne, consistente en la incitación al consumo de bebidas mediante trato agradable al cliente y vestimenta provocativa, o bien la prostitución o el intento de esta.

El Ministerio Público relata que, en todos los supuestos, las víctimas eran mujeres provenientes de países de Europa del este, a quienes su situación de penuria económica y las cargas familiares que soportaban las habían empujado a buscar trabajo en España con las falsas promesas en la mayoría de los casos de una agencia denominada Prestige.

Esta agencia, afincada en aquellos países, les prometía que el trabajo que iban a desempeñar era el de azafatas de eventos, relaciones públicas, animadoras sociales o alguna similar, cuando en realidad -como comprobaban a su llegada a los locales-, la actividad que les reclamaban era tanto la de alterne como la de mantener relaciones sexuales con clientes.

Una vez en España, según la Fiscalía, las mujeres eran presionadas por el acusado para el ejercicio de estas actividades, y les gritaba advirtiéndolas de que tenían que ganar más dinero para él ya que, en caso contrario, las echaría del club.

Esto intimidaba a las mujeres no solo por el trato denigrante que recibían sino porque se encontraban en una situación de vulnerabilidad proveniente de que habían entrado en España como turistas con un visado de 90 días que le impedía, al no ser residentes legales, trabajar en alguna actividad legal.

De acuerdo al relato fiscal, se calcula que la sociedad Videoreset obtuvo en el periodo de mayo a octubre de 2018 unos ingresos por las actividades descritas de 306.960 euros, que suponen una media mensual de 38.8706 euros y que se reseñaban en la contabilidad de la empresa como gastos de reforma para ocultar de esta forma la actividad ilícita de la que provenían.