El presidente de la Diputación de Sevilla, el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha valorado la "certidumbre" implícita en la nueva regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU, conocido como plusvalía municipal), derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula diversos artículos de la anterior normativa. Señalando que se calcula que su aplicación supondrá una rebaja de un 30 por ciento en la recaudación de este tributo, el presidente ha defendido el trabajo iniciado para "reforzar la financiación local por otras vías".
En una entrevista con Europa Press, Rodríguez Villalobos ha defendido que una vez que el pasado 26 de octubre de 2021 fue emitida la sentencia del Tribunal Constitucional que anula varios artículos de la Ley de Haciendas Locales referidos al sistema de determinación de la base imponible del citado impuesto, el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez "respondió de manera efectiva en dos semanas", mediante un Real Decreto-ley que "adapta" la Ley de Haciendas Locales a la citada resolución judicial.
Con la nueva regulación derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional, según ha reiterado, se "garantiza que los contribuyentes que no obtengan ganancia por la venta de un inmueble estarán exentos de pagar este impuesto", mejorando además "la determinación de la base imponible del tributo para que refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario".
Del mismo modo, ha valorado que la nueva regulación permita al contribuyente elegir entre dos opciones para la determinación de la cuota tributaria, una primera fruto de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes, "la denominada plusvalía objetiva"; y la segunda merced a la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición en su momento, la llamada "plusvalía real".
HASTA EL 10 DE MAYO
En el caso de los ayuntamientos, según ha dicho, con la nueva regulación gozan de "competencia para rebajar el valor catastral o los coeficientes, lo que también contribuye a que el impuesto refleje la realidad inmobiliaria", contando con un plazo que expira el 10 de mayo de este año para la adaptación de sus ordenanzas fiscales municipales a la nueva norma derivada del citado decreto Ley. "Con esto se devuelve la certidumbre a los Ayuntamientos", ha enfatizado.
En cuanto al impacto concreto de la nueva regulación en la recaudación de los ayuntamientos, el presidente de la Diputación ha avisado de que tal extremo "es muy difícil de prever", si bien ha expuesto que "todos los estudios apuntan a que con la nueva normativa, los municipios verán reducidos sus ingresos por plusvalías en el entorno del 30 por ciento respecto de los que venían recaudando con la normativa anterior".
EL EJEMPLO DEL OPAEF
En ese sentido, ha señalado el termómetro de los datos del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación de Sevilla, que recauda las plusvalías de 78 de los 106 municipios sevillanos. En concreto, ha precisado que al margen de la capital, sólo en 2020, el Opaef gestionó 12.396 liquidaciones del citado impuesto por valor de 8,3 millones de euros en los 78 municipios en los que se encarga de la recaudación del mismo.
Ya en 2021, hasta la entrada en vigor de la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional, el Opaef recaudó cerca de 18.000 liquidaciones de estos 78 municipios por plusvalías, por un valor de unos 13 millones de euros, con lo que la media de ambos ejercicios quedaría en unos 10,6 millones de euros, según ha precisado, agregando que con una previsión del 75 por ciento en cuanto a la recaudación efectiva de este impuesto, la media de cobro general del mismo en ambos años se situaría en unos ocho millones de euros.
Aplicando el citado cálculo de la reducción media de un 30 por ciento en la recaudación de las plusvalías fruto de la nueva regulación, el cobro efectivo de este tributo en el caso de los 78 municipios sevillanos que tienen el mismo delegado en el Opaef se situaría en unos 5,6 millones de euros, ha indicado.
No obstante, ha defendido que en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Andaluza (FAMP), la idea es "continuar examinando el asunto para ver posibles refuerzos a la financiación local por otras vías".
