El título de este nuevo artículo de opinión que les planteo viene derivado de la intervención de la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en el pasado Congreso del PSOE de Andalucía. Un alarde de eficacia que fue coreado por los asistentes, (seguramente regidores municipales acojonados por la que se le venía encima tras la sentencia del Tribunal Constitucional que eliminaba buena parte del cobro de este impuesto), y que viene a ser una declaración de intenciones en toda regla.
En primer lugar manda cojones que se presuma de arreglar un problema que surgió en el año 2017 cuando el Tribunal Constitucional declaró la nulidad del artículo 107.1 en la medida que sometía a gravamen al ciudadano que realizaba transacciones inmobiliarias incluso cuando el valor del terreno no se incrementaba, una situación que a ojos de este Tribunal era claramente inconstitucional. Además, dos años más tarde, en 2019, el propio Constitucional confirmó la ilegalidad de este impuesto cuando la cuota superaba el propio incremento del valor. Y ahora, en 2021, una nueva resolución del mismo Tribunal indica que son nulos los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2 a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, donde se regulan elementos esenciales del tipo, como la base imponible; o el método de cálculo del valor del terreno.
¿Es esto para presumir de plena eficacia con el “esto lo arreglo el lunes señora Montero?
Por otro lado, hay que tenerlos muy grandes para aplaudir un impuesto que durante muchos años ha gravado a los ciudadanos con cobros injustos por plusvalías inexistentes.
Es el fruto de una gestión política deficiente durante años y es toda una declaración de intenciones en cuanto a lo que un Gobierno socialista y podemita tiene pensado para los españoles. Cuanto más se cobre mejor, da igual como se gestione el dinero o por donde vayan nuestros impuestos, lo importante es cobrar y exprimir cada vez más a los ciudadanos.
Ya lo he dicho en diferente ocasiones a través de esta y de otras tribunas. Resulta necesaria una reforma fiscal importante que haga una más eficiente redistribución del cobro de impuestos. En definitiva, el dinero el mejor sitio donde está es en el bolsillo de los contribuyentes y los impuestos deben ser los justos y necesarios.
Ello implica una mejora del consumo y con ello, indirectamente, una mejor recaudación de impuestos. Buena parte de lo que se ahorra al contribuyente se convierte en unas compras o en una prestación de servicios que generan impuestos a su vez para las arcas públicas.
En definitiva, reactiva la economía, el empleo, da seguridad jurídica y tenemos a los ciudadanos felices con una mejor calidad de vida desde un punto de vista fiscal.
Los modelos están ahí, las evidencias están claramente contrastadas. Ahora, lo que le queda al ciudadano es comparar entre un modelo u otro y ver qué senda recorre con su voto en las urnas.
Yo lo tengo más que claro, ¿y ustedes? Mientras tanto, señora Montero y su jefe, Pedro Sánchez, arreglen más cosas los lunes que los españoles vamos a agradecerlo.
