La Fiscalía de Sevilla ha decidido no denunciar a la Junta ante los tribunales por publicar la identidad de unos alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía, pese a que considera demostrada la vulneración de su intimidad, con objeto de evitar a los niños "la trascendencia del proceso judicial".
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, en un comunicado remitido a Efe, explica que la decisión de publicar en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) la identidad de los alumnos objetores a la asignatura "produjo una lesión a su derecho a la intimidad" que sería susceptible de una acción legal según la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor.
No obstante, precisa que tras hacer una "ponderación de los intereses en conflicto" ha preferido no denunciar a la Junta para evitar a los niños "la trascendencia del propio ejercicio de las acciones legales" y su previsible impacto dado "el apasionado y tenso debate público sobre la materia", lo que daría lugar a "un impacto no solo local, sino nacional".
Segarra, por ello, ha decidido archivar la denuncia presentada por el PP andaluz y los padres de cinco alumnos, que reclamaron a la Fiscalía su actuación de oficio, en virtud de la Ley de Protección Jurídica del Menor, ante esta "intromisión ilegítima" en su intimidad.
Afirma la fiscal jefe que la ponderación debe tener en cuenta también no solo el impacto mediático de una previsible denuncia ante los tribunales, sino "la personalización que se llevaría a cabo".
"La vulneración del derecho a la intimidad que se ha producido con la publicidad dada en el BOJA a las resoluciones administrativas afecta de forma directa a los menores afectados, los cuales deberían comparecer en el procedimiento para ser oídos judicialmente".
Por ello "adquiere tintes negativos para los intereses de los menores la trascendencia que cobraría la acción procesal, llamando si cabe más la atención sobre esta opción personal".
Por tanto, entiende Segarra que "es de mayor relevancia para el fiscal la defensa de los intereses de los menores a mantener la privacidad de la decisión frente al ejercicio de unas acciones civiles encaminadas a obtener una indemnización adecuada a la trascendencia de la intromisión" en su honor.
También ha tenido en cuenta la fiscal jefe que no concurre en el caso la necesidad de "generar efectos preventivos generales", pues la propia Consejería de Educación dictó el 10 de noviembre pasado una instrucción para evitar la publicación de los nombres de los menores que hayan objetado a la asignatura.
Reacción de los demandantes
El abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), manifestó ayer que los derechos lesionados a los menores cuyos nombres aparecieron publicados en el BOJA "no se reparan" con la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación abierta para esclarecer las circunstancias que provocaron dicha publicación.
Seco aseguró en declaraciones a Europa Press que la Fiscalía, que reconoce que "se ha producido una intromisión a los derechos de los menores", se ha centrado "en las consecuencias civiles" que derivarían "en la reparación económica", algo que, a su juicio, no convence porque "los padres afectados no buscan una indemnización económica sino la reparación del derecho dañado".
En esta línea, el letrado, que se reunirá con los afectados para analizar la situación actual, insistió en destacar que "la protección del derecho no se repara con el archivo", por lo que, según concluyó, se ha producido "una falta de protección jurídica".
